Marchena
Los monitores desalojados de la Escuela de Arte de Marchena buscan una solución antes de «judicializar» su situación
Los monitores desalojados de la Escuela de Arte de Marchena buscan una solución antes de «judicializar» su situación
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El representante legal de la Escuela de Arte Alfonso Fraile de Marchena, Pablo Jesús Gallego, asegura que buscan “una solución” que pasaría por encontrarle otra ubicación a esta actividad que se desarrolla desde hace 15 años en la localidad. Si no lo consiguen, iniciarán acciones legales porque “hay que diferenciarlo de otro tipo de asociación, estos profesionales tiene unos derechos adquiridos”. El Ayuntamiento aprobó en el último pleno extraordinario, celebrado el martes pasado, el desalojo del edificio en diez días para darle otro uso por considerar que la cesión de las instalaciones no estaba regularizada.
No obstante, los cinco monitores, con apoyo de parte del alumnado, no están dispuestos a ceder y ya han iniciado una serie de acciones para quedarse en el edificio o instalar la actividad en otro de carácter también público.
Alegaciones al desalojo
De momento, han presentado un escrito de alegaciones al desalojo del edificio de La Milagrosa, donde lleva la Escuela de Artes Alfonso Fraile de Marchena 15 años. Y esperan que todo acabe en un contencioso administrativo. “Si el ayuntamiento sigue en sus trece y pretende desahuciar a los cinco monitores y otros que no son oficialmente pero que dan clases, solicitaremos medida urgente y cautelar ante los juzgados de contencioso administrativo que paralizarían ese desahucio”.
El letrado analiza la situación de la actividad en la escuela de artes y asegura que “no es una ocupación, su situación tiene matices jurídicos en los que se pierde la justicia y los casos se ganan por ellos”. Por eso insiste en que la cesión de las instalaciones “no es un precario, cómo han expuesto en la propuesta de desalojo del pleno.
Y, aclara, que “existen derechos adquiridos a lo largo del tiempo, es como un contrato laboral que durante tres años está de arrendamientos y servicios pero si continúa puede ser indefinido o fijo. Estos señores tienen una serie de derechos, incluso unas oposiciones aprobadas por el Ayuntamiento, ¿no le vamos a dar valor jurídico a esa situación?”.
Un año o dos de pleitos
Para Pedro Jesús Gallego esto “sería un follón porque tendríamos un año o dos de pleitos y el edificio se puede quedar en tierra de nadie, no podría ocuparlo la nueva biblioteca, aunque entiendo que ellos (los profesores de la escuela) podrían seguir ejerciendo sus funciones”.
El abogado entiende que no se trata, tal como se planteó en el pleno extraordinario, de una actividad privada. “Ha pasado por diferentes fases pero es una actividad semipública”, explica indicando que “de hecho fue la nomenclatura que usaron representantes del PSOE en un pleno celebrado en 2012”.
Asimismo, Gallego cuenta que las instalaciones en estos 15 años han pasado por diferentes fases. “Al principio eran públicas hasta que llegaron a un acuerdo donde se decidió el uso consentido del edificio a cambio de que los profesores asumieran una serie de costes laborales, entre ellos darse de alta en autónomos”.
Sería «un dislate no llegar a un acuerdo»
Para el abogado “sería un dislate no llegar a un acuerdo”. Por eso plantea que “la idea no es judicializar, es llegar a un acuerdo y que busquen un lugar donde la escuela pueda seguir”. En este sentido plantea un “trueque, podemos ocupar la actual biblioteca, está habilitada y preparada. O cualquier otro sitio, la idea es que la cultura pueda seguir”
Y anuncia que una de las cuestiones que pondrán encima de la mesa es averiguar “realmente el tipo de relación jurídica que existe entre el Ayuntamiento, la escuela y los monitores y será un juzgado el que tendrá que exigir”. Está seguro que los que quieren es “desmantelar la escuela pero no entiendo por qué”.
Mientras, desde el martes ha comenzado la cuenta atrás para que desalojen el centro.
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