Los sindicatos de Diputación de Sevilla presentan denuncia ante la Fiscalía contra el Presidente

Cinco sindicatos representantes del comité de empresa y junta de personal de Diputación de Sevilla presentaron ayer ante la Fiscalía denuncia contra el Presidente de este organismo provincial por presunta falsedad documental, prevaricación y coacción a la parte social en la negociación. La denuncia cuenta con el apoyo de  UGT, CCOO, USO, USTEA, y SAT/SAB.

El Pleno de la Diputación de Sevilla (30 de diciembre de 2015), aprobó la suspensión de determinados artículos del Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, hecho que el Comité de Empresa y Junta de Personal considera que incurre en varios delitos como falsedad documental, prevaricación y coacción a la parte social en la negociación.

La denuncia ha sido interpuesta contra el Presidente, Fernando Rodriguez Villalobos, el Director del Área del Empleado/a Pública, Secretario General, Interventor General de la Diputación de Sevilla así como a los Diputados que apoyaron dicha propuesta.

Unidos por vez primera, todos los sindicatos de la institución provincial protestan contra los diputados del PSOE tras anularse los premios y pagos que censuró la Cámara de Cuentas en un informe.

Dicho informe de la Cámara de Cuentas censura aspectos de la institución en materia de transferencias, subvenciones o recursos humanos, que ahora se trata de corregir con una comisión. El último pleno decidió la suspensión de premios y del modelo retributivo disfrutado hasta ahora por la plantilla, con protesta en masa de trabajadores en el mismo salón plenario. El interventor explicó en la sesión que el informe obliga a la Diputación que obligan a dicha suspensión, ya que, de no realizarse, se estaría cometiendo prevaricación pasiva.

Según indican los sindicatos en el texto de la denuncia, es falso que se haya informado a los sindicatos, y el acta entregad a alos grupos politicos para justificar tal afirmación, no firmada, «es de contenido falso» por lo que consideran cabe hablar de falsedad documental en el texto del acuerdo.

Según esta misma fuente «se constata la mala fe» además de «coacción y amenazas» y uso de la «falsedad documental con carácter instrumental».