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Osuna

Falsedad documental, estafa y delito contra la salud pública

JAS.-Falsedad documental, estafa y delito contra la salud pública son los tres presuntos delitos por los que la Guardia Civil ha interrogado a José María Gimeno Borrás, empresario catalán dueño de la fábrica Dasy de Osuna y otras 35 personas relacionadas con el caso. La Consejería de Agricultura ha inmovilizado y analiza todos los piensos de C1 y C3 de Dasy  y Render Grasas en Salteras. También analiza más fábricas de piensos de Andalucía (no especifica si algunas, todas, o cuántas). La Junta de Andalucía ha decidido hoy personarse en el caso afirma que no se ha puesto en riesgo la salud humana y que no se ha retirado ningún producto del mercado. 

SABER MAS: Se levanta el secreto de sumario del Caso Dasy

Entrada a la fábrica Dasy en Osuna

Entrada a la fábrica Dasy en Osuna

35 personas implicadas en el Caso Dasy pasarán a partir de ésta semana por el Juzgado Numero 1 de Osuna para dar cuenta de tres posibles delitos. Falsedad documental, estafa y delito contra la salud pública según ha informado a ésta redacción el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA. Según ésta fuente, aunque de momento hay 35 implicados en el caso, este número puede verse ampliado, ya que las investigaciones siguen abiertas, aunque el secreto de sumario se ha levantado.

Elena Viboras, Consejera de Agricultura

Elena Viboras, Consejera de Agricultura

El más grave porque afecta a la administración pública y a los consumidores; es el delito contra la salud pública, que se derivaría de la posible mezcla de restos c1 de animales contaminados, con piensos C3, y del posible consumo de éstos piensos contaminados por animales de abasto, pasando posteriormente a la cadena alimenticia humana y afectando a la salud de los consumidores.  Tras la toma de declaración judicial de todos los implicado, durante varias semanas, el juzgado realizará las correspondientes imputaciones definitivas, que deberán ser ratificados por sentencia.

Un mes después de que la Guardia  Civil iniciase la investigación, la Consejería de Agricultura ha informado hoy a esta redacción que se personará en el que caso, que por el momento no existen evidencias de que se haya puesto en peligro la salud de los consumidores con los piensos de Dasy. Por precaución, la Consejería de Agricultura ha inmovilizado todas las existencias de piensos C1 y C 3 en la planta de Dasy en Osuna y también como medida cautelar de Render Grasas en Salteras. Según Agricultura se está analizando la trazabilidad de todas las mercancías inmovilizadas, y además está analizando más fábricas de piensos de Andalucía, (no aclara si algunas o todas). La Junta ha informado hoy que no se están retirando productos del mercado en relación a éste caso. 

Agricultura recuerda que tiene un plan de control periódico de plantas Sandach, subproductos de origen animal, que se ha intensificado desde octubre pasado y que se ha reforzado desde que estallase el Caso Dasy.

Hasta el próximo enero, la planta permanecerá sin actividad a causa del ERTE planteando por los abogados de la empresa ante la Junta de Andalucía, afectando a los 80 trabajadores de la fabrica de Osuna, y 350 en todo el grupo PGG, que tiene, además fábricas en Cataluña y Latinoamérica.

Facua: «La Junta tendría que haber lanzado un comunicado desde el primer momento»

Ruben Sanchez Foto Carlos Cabrera.

Ruben Sanchez Foto Carlos Cabrera.

Rubén Sánchez de Facua, insiste en que la Junta de Andalucía tendría que haber lanzado un comunicado desde el primer momento, en el sentido de desmentir o confirmar si con éste caso se ha puesto en riesgo la salud de los consumidores. Sánchez explica que si hay riesgo para la salud de los consumidores deberían haberse retirado productos del mercado, algo que no le consta que esté sucediendo, si bien apuntó otra posibilidad «que se esté haciendo de forma oculta». La Junta ha informado hoy que no se están retirando productos del mercado en relación a éste caso. 

En el otro sentido, el de que la Junta no tenga constancia de que hayan sido afectada la salud humana, la administración andaluza debería igualmente haber lanzado un comunicado para tranquilizar a la población. Rubén Sánchez ha pedido reuniones con las consejerías de Salud y Agricultura para que les informe sobre el caso.

La Consejería de Agricultura informa que no le consta que el empresario catalán hubiese sido condenado con anterioridad. A continuación reproducimos la condena en este sentido.

Los ecologistas piden medidas urgentes

Los Ecologistas piden medidas urgentes a la Junta y se personarán en el caso-. Para ellos, el silencio de la Junta hasta hoy es tan escandaloso y evidente como la actividad contaminante de la empresa, en un asunto que consideran afecta a la salud pública.

Leticia Balsega, coordinadora provincial de Ecologistas en Acción recordó a la Junta que existe un Servicio de Alerta Rápida para piensos y alimentos en la Unión Europea  a la que ya debían haber advertido la Consejería de Agricultura ante la presencia de los posibles piensos contaminados. Advierte de que si no lo hace la Junta lo harán ellos.

Los ecologistas denunciaron vertidos hace años la última vez en mayo de 2013 cuando la Guardia Civil tomó muestras de los vertidos.  En 2009 presentaron 40 folios de alegaciones contra la ampliación de la planta, que fue autorizada por la Junta.
Tras las denuncias ecologistas el Seprona realizó una toma de muestras de los piensos producidos en la factoría en 2009. Ya entonces la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había iniciado varios expedientes sancionadores sobre los vertidos líquidos de la empresa que acababan en el arroyo del Salado.

Periodista. Directora y editora de aionsur.com desde 2012. Corresponsal Campiña y Sierra Sur de ABC y responsable de textos de pitagorasfotos.com

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