Alerta sanitaria, altos cargos «comprados» y trabajadores en paro

Las actuaciones policiales sobre Dasy siguen estando sujetas al secreto de sumario

El Juzgado de Osuna investiga funcionarios de la Junta de Andalucía, la Generalitat Catalana y el Ministerio de Agricultura por el Caso Dasy según informa María Jesús Pereira en ABC Sevilla. Este medio también informó que la Consejería de Agricultura activó una alerta sanitaria desde primeros de junio por haber encontrado el virus de la salmonella en los piensos de la planta, que ha cerrado hasta que se garantice la salud pública. 

La empresa del grupo PGG exportó el año pasado 20.000 toneladas de harina por valor de seis millones de euros. 20 personas han sido imputadas por presuntos delitos contra la salud pública, contrabando, estafa, falsedad documental y competencia desleal. De momento ABC es el único medio en informar regularmente sobre este caso. El sumario del caso Dasy pone de manifiesto la connivencia entre los laboratorios externos y la empresa para que los análisis de harinas no dieran positivo en salmonella, listeria y otros patógenos, lo que hubiera imposibilitado la exportación.

Los 80 trabajadores de la planta no harán movilizaciones, tal y como anunciaron, tras negociar con la empresa los términos del ERTE, expediente de regulación temporal de empleo. Los trabajadores de DASY son los primeros afectados por la situación de una de las más importantes empresas de Osuna. Hasta el día de hoy el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto, ni ha opinado sobre el caso y guarda un total silencio sobre el tema.

El sumario también revela la colaboración de «personas relacionadas con la Administración pública o empresas colaboradoras que de un modo u otro participan o facilitan la acción de los investigados» para exportar estos piensos presuntamente contaminados.

La Junta ha decidido revocar la autorización que Dasy tenía para explotar la planta C1 y C3 «hasta que se garantice que el material producido no supone riesgo para la salud animal o de las personas». La OCA de Osuna detectó que la planta de C! seguía funcionando pese a que la licencia había caducado a principios de año. 

ABC también publica que Luis Vázquez, jefe de salud animal de la Delegación Provincial de Agricultura de la Junta, expedientado por la Junta dio permisos a la empresa para exportar a países de América y Asia.  Este diario también revela datos del sumario como conversaciones entre Luis Vazquez y una directiva de Dasy, en las que el primero pedía colocar a un familiar en la empresa, informa ABC.

Según las conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial y publicadas por ABC, el dueño de la fábrica José M. Gimeno le dice textualmente a uno de sus directivos «Tú a J. J. tienes que sacarlo y comprarlo, comprarlo». Cuando los contactos intermedios fallan, Gimeno decide tocar más altas instancias. En una conversación de marzo pasado con el directivo M. M. B. le pide que se entreviste con Rafael Olvera, director general de Producciones Agrarias. «Si él nos lo arregla perfecto, si no -dice Gimeno- iremos a hablar con el consejero o con el presidente o presidenta de la Junta porque no puede ser que España pierda una oportunidad de exportación por culpa del derecho».