El ex concejal de Hacienda presenta una alegación contra una modificación de transferencia de crédito realizada por su propio partido

C. GONZÁLEZEl ex concejal de Hacienda, Jonatan Morilla, ha presentado una alegación a una partida del presupuesto de 2015 modificada en el último pleno celebrado en julio (primero de este mandado). La partida es la correspondiente a las obras en el campo de fútbol Manolo Jiménez, que asciende a 203.665,80 euros y que retrasará posiblemente su inicio a 2016. El Equipo de Gobierno de IU, partido al que pertenece dicho ex concejal, ha contestado con el informe de la interventora que dice que la modificación se hace para hacer frente a la amortización de 190.000 euros de un préstamo pendiente de abonar con La Caixa para el que no existe dotación presupuestaria. El punto supuso una hora de debate.

El pleno extraordinario se ha convocado con dos puntos, una semana antes del Pleno ordinario que será el próximo jueves (último jueves de los meses impares). Estos dos puntos son la aprobación del acta de la sesión plenaria y el segundo y más importante, denominado Aprobación definitiva del Expediente de Transferencia de Créditos. Jonatan Morilla, presentó la alegación a la modificación de la partida y en pleno han contestado con el informe de la interventora.

Consecuencias nefastas

Jonatan Morilla alega que el paso de una partida presupuestaria del capitulo VI (correspondiente a inversiones) al Capítulo IX «tiene varias consecuencias nefastas para el interés del Ayuntamiento y, por tanto para el pueblo, sobre todo por las cantidades de las que se trata. En este sentido, apunta en su escrito, que el cambio «afectaría gravemente al techo de gasto del próximo presupuesto porque el Capítulo IX  no computa en el gasto del techo de gasto, mientras que el VI, que es el que se elimina con la modificación plenaria del 30 de julio, sí lo computa».

Morillas explica que en la práctica significa que «el Ayuntamiento contará con unos ingresos que no podrá destinar a inversiones o servicios públicos porque el techo de gasto será más bajo que los ingresos». En su opinión «un Ayuntamiento saneado jamás debe perseguir crear superávit, sino prestar servicios a la población. Tan malo es gastar más de lo que se ingresa, como gastar sustancialmente menos».

Por otro lado, añade que la modificación conllevará a otra consecuencia y es que el presupuesto de 2016 tendría que asumir la cuantía eliminada en el presupuesto de 2015 para poder realizar esa inversión, «con lo que esa cuantía ya no podría utilizarse para otra u otras inversiones o prestación de servicios públicos que el Equipo de Gobierno, siguiendo sus líneas programáticas, decidiera».

Antes de salir de concejal, Jonatan Morilla dice que realizó una planificación basada en incrementar la partida del capítulo IX «a través del remanente de tesorería positivo, una vez depurados todos los créditos pendientes de aplicar». Pero, continúa, que «al producirse el cambio de interventor y tras las elecciones municipales de mayo también de delegado de Hacienda, con ellos han cambiado también los planes y las prioridades».

Por tanto, en su consideración, el presupuesto de 2016 tendría que asumir «la cuantía eliminada en el presupuesto del 2015 para poder realizar esa inversión con lo que esa cuantía ya no podría utilizarse para otra u otras inversiones o prestación de servicios públicos que el Equipo de Gobierno, siguiendo sus líneas programáticas decidiera».

Según dicho informe, el concejal Morilla está en su derecho de alegar por una de las consideraciones del artículo 170.1 de la TRLRHL (Texto Refundido de la Ley d Reforma y Haciendas Locales) «al ser el sujeto habitante del territorio de la entidad local».

Habitante de la localidad

Según el informe de la interventora, Morilla está en su derecho de impugnar dicha transferencia de crédito porque «el sujeto es habitante de la entidad local» tal como se registra en el punto número a del artículo 170.1 de la mencionada Ley. Asimismo, considera la técnico que el «expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo a su aprobación por aplicación del artículo 169.1».

El informe de Intervención recoge que «la citada transferencia de crédito se ha realizado, entre otras razones, para hacer frente a la amortización anticipada del importe pendiente de abonar de un préstamo a largo plazo con La Caixa por importe de 190.000 euros, que la anterior Corporación se comprometió a amortizar sin dotar del crédito presupuestario» Asimismo, en el mismo se explica que la citada transferencia de crédito «se realiza para cubrir las necesidades inminentes de la corporación».

El ex concejal de Hacienda estuve presente en el pleno, en la zona de público, y expone a esta web las razones de su alegación. Cree que «en la racionalización y sostenibilidad local cada vez se otorga más poder a los técnicos municipales, sobre todo a los interventores y éstos, en muchos casos, imponen su criterio por encima del criterio político, excediéndose de sus funciones, conscientes del miedo del político a un informe negativo».

Reafirmación

En este sentido apunta que, se reafirma en esta opinión después de leer el informe emitido por la interventora. «En el mismo se refleja la injerencia técnica en política porque la interventora se limita a hacer valoraciones sobre la exposición de motivos, que es la argumentación política a las propuestas y, sin embargo, no informa sobre las propuestas en sí, aunque sólo fuera para decir que no proceden, que es lo que tiene que informar». Para Morilla, la interventora «ni siquiera guarda las formas para que no se note tanto que juega a hacer política sin presentarse a elecciones».

Según el ex edil, a esos motivos habría que añadir que «verbalmente venía haciendo una serie de consideraciones que por supuesto no se ha atrevido a plasmarlas por escrito con su firma en un informe, sencillamente porque son mentira». Esta afirmaciones son, expone, que la sentencia del pleito de Urbaser no es firme. «Claro que la sentencia es firme, en todo caso podría decir que han presentado una suspensión cautelar a la ejecución de la sentencia. Pero la sentencia es firme», afirma.

Jonatan Morilla también se refiere a la regla de gasto. «Es obvio que sí afecta a la regla de gastos porque las inversiones son computables al techo de gasto y el pago de deuda no lo es. Así que es obvio que por escrito no se atreva a poner esa mentira que de forma verbal venía diciendo».

Otro de los argumentos de la interventora es que el remanente de tesorería «no es suficiente para asumir el pendiente de aplicar» y, para el ex edil, «es evidente que sí es suficiente lo que ocurre es que es un trabajo complejo que no está dispuesta a hacer; hay que pringarse y trabajar y mejor dejarlo para más adelante».

Jonatan Morilla dice, por último, que en cuanto la interventora «vio el presupuesto nada más tomar posesión en su puesto de trabajo lo primero que dijo de forma irónica fue: ¿Aquí qué van a venir las olimpiadas? Desde el principio se vio que afán es interferir en la política. Una interventora no es nadie para cuestionar en qué prioriza un equipo de gobierno sus recursos. Su función es informar sobre la legalidad».

Para Morilla, «los políticos están presos, gracias a la ley del PP, de los técnicos con ansias de poder, como es el caso y son conscientes de que ante personas así tienen que trabar porque se pueden encontrar que, si la contradicen, pueden paralizar la actividad del Ayuntamiento a través de informes negativos arbitrarios y las consecuencias aún serían peores». En su opinión. «a nadie se le escapa que un equipo de gobierno de Izquierda Unida no va a aprobar una medida de este tipo de motu propio porque es precisamente lo que llevamos años criticando: Que todo el dinero va a los bancos».

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