La Asociación de Trabajadores afectados por Explotación de Procavi demanda a la empresa por «empleo fraudulento»

N.P. Marchena

La Asociación de Trabajadores Afectados por la Explotación de Procavi y Empresas Colaboradoras ha interpuesto las primeras demandas reclamando las cantidades y derechos derivados de la realización de un curso en la empresa de pavos que para ellos fue «el empleo fraudulento de mano de obra en condiciones de esclavitud». Según la asociación, a los participantes en dicho curso se les colocó un uniforme y se les repartió por diferentes puestos de producción.

Según un comunicado, los trabajadores afectados denuncian que «fueron engañados bajo el pretexto de un anuncio de lo que eran aparentemente cursos de formación normales, avalados por los Ayuntamientos». En este sentido, señalan que todos los inscritos esperaban encontrarse «con un aula dispuesta para la formación teórico-práctica, tras la cual dispondrían de alguna titulación válida al estar implicadas instituciones oficiales y el acceso a un contrato con la empresa».

Pero, explican, «la realidad es que a las pocas horas de incorporarse vieron cómo se les asignaba un código de empleado, un uniforme como el de cualquier otro trabajador y se les ponía a en diferentes puestos de producción». Continúa diciendo que «la “pequeña” diferencia era que no tenían salario ni oficialmente ninguna relación con la empresa, con las implicaciones de esto para la Seguridad Social».

La Asociación ha llevado este uso de los cursos a las instituciones judiciales porque, según indican, hay una veintena de trabajadores «que se consideran estafados y que solicitan los salarios adeudados por el trabajo que realizaron y que se cotice por el tiempo que estuvieron en la fábrica, negando que aquello realmente hubiera sido un curso».

Informan en el comunicado que, en apenas unas semanas, comenzarán los primeros actos de conciliación que se estipulan para este tipo de conflictos, tras los cuales, «si la empresa no se aviene a razones, se verán las caras en los Tribunales en los que el gabinete jurídico de la Asociación demostrará con pelos y señales el carácter fraudulento de los supuestos cursos».

Para finalizar anuncian que las denuncias pueden suponer multas para la empresa por fraude a la Seguridad Social, a razón de 10.000 euros por trabajador. La Asociación también reclama públicamente que las instituciones colaboradoras, los Ayuntamientos de Morón, de El Viso, Marchena, Lantejuela, Carmona, y la Junta de Andalucía, aclaren «por qué han estado colaborando con esta forma de esclavitud moderna disfrazada de “cursos de formación”.

Reclaman explicaciones sobre «por qué se mira para otro lado cuando se trata de los derechos de los trabajadores y el enriquecimiento de un puñado de explotadores». Asimismo esperan que la respuesta, o su ausencia, «no confirme sus sospechas: que la ley no importa cuando se trata de los beneficios de los ricos».