Un abogado reclama para Sevilla parte de Matalascañas con documentos del siglo XIII

Fermín Cabanillas/Sevilla-Huelva

Una parte del territorio onubense podría ser propiedad de Sevilla. Parece imposible, pero tiene ciertos visos de realidad. Un funcionario jubilado, Gabino Carranza Márquez, y un abogado, José María Font Ortiz, han presentado una petición ante la concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla para que reclame la propiedad de parte de la playa de Matalascañas, en base a una investigación realizada hace tres años.

Ambos son naturales de Sevilla capital, y han reclamado una petición basada en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, según ha avanzado el digital sevillainfo, donde se refleja la petición de unas 150 hectáreas con una playa colindante con los terrenos de la finca del Antiguo Coto Ibarra, cerca de la Torre de la Higuera, en el término municipal de Almonte.

La reclamación, según Font, se basa en que los terrenos no fueron incluidos en la Desamortización del siglo XIX,  de la que se quedó fuera el “Cazadero Real”, más tarde llamado “Coto de Doñana”, que formó parte de una de Alfonso X El Sabio a la ciudad de Sevilla en 1255, sin que la Desamortización revirtiese esa donación.

Así las cosas, como en el siglo XIX los terrenos no volvieron a manos del Ayuntamiento de Almonte, la investigación apuntaría a que esas tierras siguen en manos de Sevilla capital, como fueron marcadas en en siglo XIII.

El letrado ha concretado que se ha planteado la petición “como marca la ley, de modo que se ha abierto el protocolo para que la autoridad municipal sea la que lo denuncie”, señalando que “Gabino es un funcionario jubilado, tiene tiempo, es un hombre estudioso y aplicado, pero esto no es una reivindicación para alterar los límites provinciales ni nada de eso”.

“Es como si se descubre un piso en mitad de Logroño que es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, eso no alteraría el plano de la ciudad, del mismo modo que si esto se resuelve a favor del Ayuntamiento de Sevilla, el mapa de Andalucía seguiría siendo el mismo, pero habría una propiedad sevillana que se puede regalar o se puede vender”, ha explicado.

La ley, ha dicho, contempla incluso una compensación al denunciante de este caso, aunque ha sostenido que no hay motivación alguna en la petición que han elevado al Ayuntamiento, aunque el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado en 1986 contempla la entrega del 10 % del valor líquido de lo obtenido en una hipotética enajenación de los terrenos.

Ahora, si todo sigue el proceso que reclaman, debe abrirse un periodo de prueba documental, pericial y testifical, como paso previo a concluir con este asunto.