Precintan un supermercado en Écija que vendía alimentos podridos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio sevillano de Écija, como resultado de una inspección sanitaria, al responsable de un establecimiento de alimentación de la mencionada localidad, por su presunta participación en un delito contra la salud pública. Los agentes están investigando también a la propietaria del mismo.

La investigación comenzó cuando los agentes, a raíz de informaciones propias obtenidas durante el cumplimiento de sus funciones, tuvieron conocimiento de que en un supermercado de Écija se estaban vendiendo productos, cuyas características higiénicas y sanitarias no cumplían con la normativa vigente.

Falta de recursos económicos

El presunto responsable del establecimiento, se aprovechaba de la falta de recursos económicos de algunos vecinos de la zona. También de otros que se desplazaban desde municipios cercanos, para aprovecharse de las atractivas ofertas, ya que esta persona, vendía los productos a un precio mucho más bajo que el fijado por el mercado.

Así, el pasado día 11 de mayo, agentes de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Seguridad Pública, pertenecientes al Área Sanitaria de Osuna (Sevilla), llevaron a cabo una inspección en el supermercado. En ella pudieron constatar las graves irregularidades que se estaban cometiendo en el mismo y que suponían, además, un riesgo inminente y extraordinario para la salud de las personas.

Según las investigaciones, las instalaciones inspeccionadas por los agentes carecían de las medidas mínimas higiénico sanitarias que tienen que cumplir todos los productos, para llegar con plena garantía al consumidor final.

En algunos casos, alimentos que deberían mantenerse conservados en frío, se encontraban almacenados a temperatura ambiente. Incluso algunos de ellos estaban en estado de descomposición, provocando con ello un fuerte hedor. En otros casos, los productos llegaban incluso a tener insectos.

Cierre del supermercado

Al finalizar la dilatada inspección, la Autoridad Sanitaria, dictaminó la no aptitud para el consumo humano de la práctica totalidad de los productos alimenticios que se estaban vendiendo a los vecinos, acordando por ello, la destrucción de los productos y el cierre del supermercado.

De todo lo actuado se dio cuenta a la Autoridad Judicial, donde se investiga si la propietaria del negocio podría haber incurrido también en un delito contra la salud pública, con grave riesgo para la población.

La pronta respuesta policial y sanitaria ha evitado el grave daño a la salud, que las condiciones de higiene en las que se encontraba el género, hubieran podido causar en los consumidores.