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Sociedad

Denuncian el desahucio de una residencia en Cantillana que deja en la calle a 60 personas vulnerables

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Residencia Cantillana

Fundación SAMU denuncia que el procedimiento de desahucio promovido por la Sareb contra la Residencia San Sebastián, en Cantillana (Sevilla), pone en riesgo el futuro de 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales en situación de extrema vulnerabilidad. La entidad, que gestiona este centro concertado con la Junta de Andalucía desde 2010, ha intentado comprar el inmueble en varias ocasiones para garantizar la estabilidad del servicio pero sus propuestas no han sido atendidas.

El juicio por la demanda de desahucio está señalado para el 30 de noviembre y el lanzamiento, para el mes de enero. Ante esta situación, SAMU reclama a Sareb que atienda su propuesta de adquisición y abra una negociación que permita mantener a los 60 residentes en su entorno y preservar la continuidad de los cuidados de un colectivo extremadamente vulnerable.

La Fundación considera difícil de justificar que se impulse el desahucio de un centro de este impacto social mientras el edificio está en venta y existe un interés reiterado de la entidad gestora por adquirirlo. Según denuncia SAMU, el inmueble ha llegado a anunciarse en portales inmobiliarios, pero sus intentos de compra no han obtenido respuesta.

El edificio fue arrendado inicialmente a la empresa que lo construyó. Sin embargo, su titularidad pasó a manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en 2015. Tras un primer intento de desalojo, la Fundación consiguió mantener el contrato de arrendamiento y ha tratado desde entonces de alcanzar una solución que aporte estabilidad a largo plazo a este proyecto residencial.

En 2025, Sareb presentó una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual del arrendamiento. Tras recibir la demanda a finales de septiembre, SAMU contactó de nuevo con la sociedad a través de sus abogados para reiterar su interés en comprar el edificio. La Fundación asegura que esta última iniciativa tampoco ha recibido respuesta hasta el momento.

La estabilidad de los residentes, en riesgo

La Residencia San Sebastián ofrece atención integral y especializada a personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales. Su trabajo combina la atención individualizada, el desarrollo de la autonomía personal y social y el acompañamiento cotidiano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes y favorecer, cuando es posible, su acceso a recursos más inclusivos.

Para las 60 personas que viven actualmente en el centro, el procedimiento de desahucio compromete la permanencia en el lugar donde desarrollan su vida diaria y reciben los apoyos que necesitan. SAMU subraya que cualquier decisión sobre el inmueble debe tener en cuenta las necesidades de los residentes, sus vínculos y la continuidad de la atención.

La Fundación ha trasladado al juzgado la dimensión social del caso y las consecuencias que tendría el desalojo del centro. Según informa en un comunicado, el órgano judicial aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

En su comunicado, SAMU cuestiona que una sociedad bajo control público como Sareb mantenga este procedimiento sin atender una propuesta de compra orientada a preservar el uso social del edificio y la protección de las personas vulnerables a las que atiende.

Por ello, reclama una solución negociada antes de que el procedimiento avance y pide la implicación de las administraciones competentes para garantizar la estabilidad de los residentes. La entidad reitera su voluntad de adquirir el inmueble o de buscar cualquier solución para mantener un servicio especializado que lleva más de quince años atendiendo a personas con grandes necesidades de apoyo.

¿Qué es la SAREB?

La SAREB es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida popularmente como el «banco malo». No es un banco convencional, sino una sociedad creada en noviembre de 2012 para gestionar y vender los inmuebles y préstamos problemáticos que varias entidades financieras acumularon durante la crisis inmobiliaria.

Tras la crisis financiera de 2008, numerosas cajas de ahorros y bancos tenían grandes cantidades de créditos inmobiliarios impagados, terrenos, promociones sin terminar y viviendas procedentes de embargos.

Para sanear sus balances, se transfirieron esos activos a la SAREB. A cambio, las entidades recibieron títulos financieros y pudieron retirar esos riesgos de sus cuentas.

¿De quién es y quién paga sus pérdidas?

Inicialmente fue una sociedad con mayoría de accionistas privados y participación pública. Sin embargo, en 2021 Eurostat determinó que debía contabilizarse dentro del sector de las Administraciones Públicas, por lo que su deuda pasó a computar como deuda pública.

La deuda de la SAREB contó desde su creación con aval del Estado. Por eso, aunque nació con mayoría de capital privado, sus problemas financieros tienen consecuencias para las cuentas públicas.

¿Qué hace con las viviendas?

Su cometido consiste en gestionar y vender los inmuebles, terrenos y préstamos que recibió, intentando recuperar el máximo dinero posible. También ha incorporado objetivos de utilidad social, entre ellos la movilización de viviendas para alquiler social y asequible.

En resumen: la SAREB nació para absorber los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos tras la crisis. Su objetivo era venderlos, recuperar dinero y reducir el coste para el contribuyente, pero la deuda que arrastra terminó teniendo un impacto directo en las cuentas públicas españolas.

Periodista corresponsal de la Agencia EFE, El Correo de Andalucía, eldiario.es... entre otros medios. Cubre principalmente Huelva y Sevilla en varios medios radiofónicos y prensa digital.

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