Los afectados por la venta del Popular piden que se congele el pago de los préstamos

Sevilla

Un grupo de 342 personas ha formado una asociación de afectados por la venta del Banco Popular al Banco de Santander y, como primera medida, el bufete que les representa ha pedido a la Audiencia Nacional la suspensión del pago de los préstamos de 12 de ellos, como medida cautelar.

Se trata de la primera asociación nacional de afectados por este asunto, defendido por el despacho de abogados sevillano Sanguino, que inicialmente ha pedido la suspensión del pago de los préstamos a las personas que han presentado toda la documentación de los mismos, en una medida que, fuentes del bufete explican que deberá tener respuesta antes de finales de año.

Es, en definitiva, una entidad formada por personas que se han unido para defenderse de forma global «tras verse perjudicadas por la adquisición de acciones o de deuda subordinada y por el proceso de resolución de esta entidad bancaria».

La idea es que los afectados puedan conocer directamente todas las acciones económicas, jurídicas y sociales que va a emprender esta asociación «teniendo en cuenta que éstos perderán todo su dinero y que en muchos casos se pondrá en riesgo sus propios negocios por las fuertes pérdidas que tendrán que absorber en sus balances».

Con respecto a la petición de la congelación de los préstamos, se trata de los que el banco concedió para comprar sus propias acciones, y que han provocado pérdidas de distintas cantidades a sus clientes, así como verse forzados a pagar préstamos que, en algunos casos, culminarán en 2018, con la idea de ampliar las solicitudes de las medidas cautelares según se vaya teniendo la documentación referente a la suspensión.

La denuncia se ha presentado contra los dos consejos de administración del Popular y contra su auditoría, y reclama que la paralización del pago de los préstamos sea total, y no implique que los usuarios puedan ingresar en listas de impagos «por morosos» ni se les cobren intereses de demora.

También se ha dirigido contra la resolución de la comisión gestora de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), con el fin de tener acceso al expediente administrativo de este caso, así como al informe de la auditora Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), que valoró Banco Popular en -2.000 millones de euros, que serían -8.200 millones en un escenario de estrés financiero.

Los integrantes de la asociación han hecho un llamamiento a las personas que quieran formar parte de ella para que, si adquirió deuda subordinada o se ha visto de una u otra forma afectado tras la venta de este banco, puede integrarse en la misma.