La Diputación activa 33 millones de euros para facilitar la vivienda protegida en la provincia de Sevilla

Los ayuntamientos sevillanos pueden consultar ya las bases que regularán las ayudas financieras de la Diputación, sin intereses, a las que podrán acogerse para afrontar costes de gestión, promoción, construcción y venta de viviendas de protección pública de titularidad municipal en régimen de venta.

Para esta ayuda, que tendrá la naturaleza de ingreso de Derecho Público en la modalidad de anticipo financiero, se han previsto 33 millones de euros y se trata de un instrumento distinto a las subvenciones que, también con el objetivo de impulsar la vivienda protegida, ha consignado la Diputación dentro del Programa Sevilla 2030, con 30 millones de euros para 2025.

El plazo para solicitar la ayuda financiera se abrió el 7 de agosto, tras la publicación en el BOP del extracto de las bases, aprobadas en el Pleno del 31 de julio. Es una convocatoria abierta, que los municipios podrán ir solicitando hasta el día 3 de noviembre, en función de sus necesidades. Está previsto que las resoluciones de concesión se vayan emitiendo mensualmente.

Las ayudas están dirigidas a municipios que tengan delegadas en el Opaef (Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Diputación) todas o parte de sus gestiones tributarias, ya que esos recursos garantizarán la devolución de los fondos adelantados.

“Se trata de una iniciativa novedosa, que el equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla pone en marcha en su firme apuesta por impulsar la construcción de vivienda pública y responder a una gran preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas”, ha subrayado la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, quien ha resaltado también que esta ayuda financiera “facilitará que los ayuntamientos puedan afrontar la construcción de vivienda en régimen de venta, ya que el importe que soliciten tendrá interés 0 y son ayudas compatibles con cualquier otra subvención que soliciten”.

GASTOS PREVIOS, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Hay dos líneas: una para cubrir gastos necesarios y previos a la construcción de la vivienda pública (técnicos y de planificación, licencias, gastos jurídicos o urbanísticos, entre otros) y una segunda para los gastos de gestión, promoción, construcción y comercialización de los inmuebles.

En ambos casos, el importe no podrá superar el 200% del anticipo ordinario neto anual del municipio certificado por el Opaef, con un tope de un millón de euros para la línea 1 y de 5 millones para la línea 2. En el caso de que un ayuntamiento solicite ambas líneas, en ningún caso podrá superar tampoco los 5 millones con las dos.

Cada ayuntamiento deberá devolver la totalidad de la cuantía concedida en el momento de que sean vendidas las viviendas o, en cualquier caso, en los siguientes plazos: por  el transcurso de 60 meses desde la fecha de la ayuda financiera concedida; por el transcurso de 12 meses de la obtención de primera ocupación; o por la no iniciación de la ejecución del programa de trabajo o proyecto de obras en el plazo de 18 desde la fecha del pago.

Las bases se aprobaron por unanimidad en el Pleno y en las mismas la Diputación ya contempla que los 33 millones previstos se puedan ampliar, previo expediente de modificación presupuestaria oportuna, si no cubren las cantidades solicitadas.

REQUISITOS PREVIOS

Como requisitos previos, los ayuntamientos deben tener aprobada la liquidación de su presupuesto anterior y aprobado definitivamente el de 2025, así como cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, entre otros.

También deberán contar con un Plan Municipal de Vivienda y Suelo en vigor; con un Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado y acreditar ser titulares de los solares calificados y urbanizados en los que se propone ejecutar la actuación.

Asimismo, es requisito que dispongan de capacidad de financiación para la aportación del coste de la actuación y acreditar la viabilidad urbanística y económico-financiera del proyecto.

EL ACCESO A LA VIVIENDA, UN RETO ESTRUCTURAL

Como se recoge en las bases, “la provincia de Sevilla se encuentra inmersa en una crisis estructural de acceso a la vivienda, especialmente significativa entre los colectivos de jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos”, que se ha agravado por la escasez de oferta a precios asequibles, la presión del mercado inmobiliario y las limitaciones presupuestarias de los gobiernos locales para impulsar políticas públicas sostenidas en este ámbito.

“Ante dicha necesidad económica y social y vinculada con la política en favor del impulso de actuaciones municipales tendentes a la construcción de vivienda”, se articula este instrumento de cooperación financiera que, según se señala también en las bases, debe ayudar a los ayuntamientos en la acción estratégica de facilitar el acceso a una vivienda pública protegida digna a precios razonables a los vecinos y vecinas de los municipios de Sevilla.