Detenido en Arahal el empresario relacionado por la Justicia con el novio de Díaz Ayuso

El empresario de Arahal (Sevilla), D.H.L, investigado en marzo de 2024 como presunto colaborador en la causa que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido detenido para su ingreso en prisión este martes por agentes de la Policía Nacional.

La detección ha sido ordenada por la Audiencia Nacional, Sección Segunda Sala de lo Penal, según ha adelantado El Pespunte.

En su gestoría

La detención ha tenido lugar sobre las 12:00 de la mañana en la Avenida de Lepanto de Arahal, en su propia gestoría, ubicada en el bajo de una vivienda hasta donde se han desplazado los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional.

El empresario arahalense está reclamado por la Audiencia Nacional Sala de lo Penal Sección Segunda, de Madrid y tiene que prestar declaración ante el alto Tribunal con sede en San Fernando de Henares (Madrid) mañana miércoles, día 21 de enero, a las 9:45 horas,

Según fuentes de la investigación, D.H.L. tenía ya conocimiento de esta requisitoria. Una patrulla de policías de paisanos han llegado hasta la puerta de la gestoría y se lo han llevado detenido.

La causa

La causa contra el novio de la presidenta madrileña se hizo pública en febrero de 2024 cuando se filtró una investigación de la Fiscalía de Madrid sobre un presunto fraude fiscal en contratos de mascarillas que implicaba a su pareja y a su entorno.

La Fiscalía de Madrid denunció a D.H.L. porque cree que sus sociedades nunca realizaron los trabajos que declaró Alberto González. El empresario ganó dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas en pandemia. Eso supuso que en 2020 multiplicase por seis sus ingresos, pero al tiempo pagó en impuestos una tercera parte que en el ejercicio interior. Según argumentó González entonces, había gastado tanto en contratar con terceros que las ganancias eran mínimas.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que el pasado 27 de junio dictó un auto en el que encargaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las gestiones necesarias para determinar si el producto de varias actividades presuntamente delictivas «se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.