Desmantelan una granja de criptomonedas en Santiponce

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad de Santiponce (Sevilla) la primera granja de minado de criptomonedas en la provincia de Sevilla. La granja utilizaba corriente eléctrica pública y disponía de potentes elementos de refrigeración y ventilación para su funcionamiento. Se han intervenido 22 equipos con un valor aproximado que superaría los 50.000 euros.

Las investigaciones policiales comenzaron sobre una posible plantación de marihuana indoor que podría estar localizada en unas caballerizas situadas en Santiponce. Realizadas las primeras indagaciones, los agentes se percataron de que los indicios existentes no se correspondían con el cultivo de marihuana. Sino que en dichas instalaciones podría estar albergándose una granja de criptomonedas de las que apenas se tienen registros en España.

Con esta información, se procedió a la entrada y registro de las caballerizas, donde los agentes descubrieron unas modernas instalaciones destinadas al minado de criptomonedas. En este lugar intervinieron 21 equipos ASIC, dedicados en exclusiva al minado de Bitcoin. Así, su valor aproximado se estima por encima de los 31.500 euros. Del mismo modo, se calcula que podrían aportar un beneficio mensual de 2.500 euros. También se encontró un equipo de minería RIG, utilizados igualmente para el minado de criptomonedas, pudiendo tener un valor aproximado de 13.000 euros. Y que pudiera generar unos beneficios de 1.000 euros mensuales.

Enganche ilegal a la red eléctrica

Para el mantenimiento de los equipos intervenidos, y dada las elevadas temperaturas que se generan, utilizaban sistemas de refrigeración y potentes ventiladores industriales destinados a desplazar el aire caliente hacia el exterior. Asimismo, fuera del local se localizó un enganche ilegal a la red eléctrica para alimentar los equipos. De esta forma, se observó un consumo de amperios muy elevado. Esto, según técnicos de la compañía eléctrica, podrían generar una defraudación de electricidad mensual de 2.000 euros.

Los investigadores que están analizando el material intervenido para identificar a los responsables de estas instalaciones creen que dichas actividades se encontraban en una fase temprana de funcionamiento. Por este motivo, la intervención policial habría desmantelado la actividad antes de resultar rentable para la organización.