Denuncian por la vía judicial a un concejal de Écija por no dejar hablar a una edil del PP

Una concejala del PP de Écija, Silvia Heredia, ha presentado una denuncia contra un edil del partido Fuerza Ecijana, Ángel García, al que pide que se repare “su honor, fama e imagen”, tras las continuas interrupciones que la edil sufre por parte de este cuando interviene en los plenos, lo que le impide, según la denuncia, realizar su trabajo dignamente.

Según ha informado el abogado de la concejala, Fernando Osuna, ha presentado acciones judiciales mediante demanda de conciliación contra este concejal. Es debido a las descalificaciones recibidas desde un lapso superior a los cuatro años, intensificándose estos a lo largo de los dos últimos. 

Paso previo

Se trata de un paso previo a una demanda por intromisión ilegítima de su derecho al honor, indica el letrado, que añade que “los desprestigios vertidos sobre la concejala han sido durante la celebración de los plenos en el Ayuntamiento de Écija y, entre ellos, están: tonta, fea, mala persona, sinvergüenza, mentirosa compulsiva, soberbia, prepotente, provocadora de odio o animadversión de los ciudadanos, culpable de un delito de prevaricación, y otros altamente ofensivos”.

El letrado sostiene que son hechos que se repiten en el tiempo. En casi todas las intervenciones orales en las sesiones municipales de la concejala en cuestión,  el demandado trata de boicotear el discurso de aquella. Lo hace con voces y sonidos de gran volumen. Con todo, hace muy difícil la exposición del mensaje político de la concejala.

Hechos que se repiten

Son hechos «que se repiten en el tiempo, día tras día, semana tras semana. Obedecen a un plan de hostigamiento y pretendido derrumbe psicológico y moral, para culminar con el abandono de la política de esta servidora pública”.

Se trata de una fuerza política “cercana al PSOE”, partido que gobierna en el Ayuntamiento, cuyo alcalde, David García, «no tomas medidas adecuadas y proporcionadas para atacar tan lamentables hechos”.

Acciones judiciales

Las acciones judiciales emprendidas por la concejala se fundamentan en el entendimiento de que los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Están reconocidos en la Constitución “y protegidos civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas”.

Las pretensiones de estas acciones judiciales son, por una parte, que el concejal reconozca los hechos. Además, que repare el daño causado disculpándose públicamente. Por último, se le pide que cese en esta conducta