Aprobada la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España

Aprobada la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España

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El Ejecutivo ha movilizado 200.000 millones de euros, es decir, cerca del 20% del PIB, para hacer frente al impacto económico provocado por la crisis del coronavirus. Esta decisión adoptada hoy a través de un Real Decreto Ley se traduce en la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España con el que  se pretende proteger y apoyar a “familias, trabajadores, autónomos y empresas”.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros ha concretado un paquete de medidas que consta de cuatro bloques.

A los más vulnerables

El primer bloque está destinado a los sectores más vulnerables de la población. A ellos se han destinado 600 millones de euros. Es con el objetivo de financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de cada comunidad autónoma y ente local. A esta categoría pertenecen las personas mayores. También, las personas dependientes y las familias que se encuentren en situaciones vulnerables.

Familias

Por otro lado, el Gobierno garantiza a las familias más vulnerables los servicios públicos esenciales mediante la protección de los suministros de energía y agua, así como los servicios de telecomunicaciones.

Además, ha decretado una prórroga en el pago de la hipoteca “para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad” que estén sufriendo una merma de sus ingresos. Se garantiza así el derecho a la vivienda de las personas que padezcan dificultades.

A los trabajadores

Este segundo bloque tiene como principal objetivo proteger al empleo. Se quiere impedir que “una crisis temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo”. Las medidas son variadas.

En este sentido, el Ejecutivo ha acordado que los trabajadores asalariados puedan “adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis”. También ha recordado una medida de flexibilidad que se lleva repitiendo desde el comienzo de la crisis: la posibilidad de recurrir al teletrabajo siempre que las circunstancias lo permitan.

Asimismo, será posible realizar ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs). Aunque no se cumpla con el requisito de cotización previa exigido, “los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo”. En estos casos, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.

En cuanto a los autónomos, podrán paralizar su actividad “para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica”.

A las empresas

El tercer bloque de medidas garantiza la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas. La intención es evitar que “un problema de liquidez no se convierta en uno de solvencia”. Para lograrlo, se ha creado una línea de avales y garantías públicas, cuyo garante será el Estado, con valor de hasta 100.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado líneas de avales adicionales de 2.000 euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, que favorecerán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Paliar las consecuencias del virus

En lo referente al sector público, las administraciones públicas ofrecerán ayudas a sus empresas contratistas. Se trata de paliar las consecuencias del virus. Para evitar la pérdida de empleo, se establecerá “un régimen específico de suspensión de contratos públicos. Tendrá una ampliación de plazos y compensación de salarios”.

Por otra parte, el Ejecutivo ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores. Es con el fin de apoyar el sistema productivo y empresarial español. De este modo, se impide que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan “hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos”, aprovechándose de la caída coyuntural del valor de sus acciones.

A la investigación

Por último, el presidente del Gobierno ha destinado 30 millones a la investigación científica. Manifiesta así su compromiso en la búsqueda de una vacuna o una cura contra el coronavirus. Con dicha suma, se dotará al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de “los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria”