Los incendios no empiezan con fuego, empiezan con negacionismo

Fidel Romero.

Hay quien piensa que un incendio comienza cuando alguien ve la primera columna de humo. Se equivoca.

Los grandes incendios empiezan mucho antes. Empiezan cuando se abandona la prevención, cuando se reducen los recursos destinados a proteger nuestros montes, cuando se ignoran durante años las advertencias de quienes se juegan la vida apagando el fuego y, sobre todo, cuando se desprecia la ciencia para convertir el cambio climático en un simple argumento de confrontación política.

Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid no es fruto de la mala suerte. Es la consecuencia de una forma de gobernar que ha preferido el enfrentamiento político permanente antes que escuchar a los profesionales.

Los bomberos forestales llevan años denunciando falta de personal, insuficiencia de medios materiales, precariedad laboral y un progresivo abandono de las tareas de prevención. Sus protestas no fueron un gesto aislado. Se manifestaron durante meses, llegaron a la Puerta del Sol, al Congreso de los Diputados y a numerosos municipios para advertir de que los incendios del futuro no podrían combatirse con estructuras del pasado.

No pedían privilegios. Pedían poder hacer su trabajo con garantías.

Y el tiempo, desgraciadamente, les está dando la razón.

Pero lo más grave no fue solo que el dispositivo resultara insuficiente. Lo más grave fue la reacción política. En lugar de explicar por qué durante años se habían desatendido las reivindicaciones de los bomberos forestales, por qué faltaban medios o por qué la prevención seguía siendo la gran olvidada, se optó por buscar responsables fuera. Primero llegaron los mensajes para la galería, después la petición de ayuda al Gobierno de España y, cuando las críticas comenzaron a hacerse públicas, la confrontación con el delegado del Gobierno y las denuncias de diversos representantes de los bomberos forestales sobre presiones para que no hicieran visibles las carencias del operativo. La prioridad dejó de ser explicar por qué el dispositivo era insuficiente. La prioridad pasó a ser trasladar la responsabilidad a otros y silenciar a quienes llevaban años advirtiendo exactamente de lo que acabaría ocurriendo.

Pero hay un hecho todavía más grave. La Justicia dio la razón a los bomberos respecto a millones de euros que debían haberse destinado a inversiones en el servicio de prevención y extinción de incendios. Cuando una sentencia pone en cuestión que unos recursos finalistas hayan llegado realmente a reforzar un servicio esencial, ya no hablamos únicamente de una discrepancia política. Hablamos de una enorme responsabilidad pública.

Porque cada euro que deja de invertirse en prevención puede convertirse mañana en miles de hectáreas calcinadas.

Cada bombero que falta puede significar un frente que no se controla a tiempo.

Cada cortafuegos que no se mantiene puede convertirse en una tragedia.

Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha hecho del negacionismo climático una de las señas de identidad de su discurso político. No es una cuestión menor. Cuando desde las instituciones se minimiza o se ridiculiza la evidencia científica, también se debilita la voluntad política para preparar a la sociedad frente a un fenómeno que los expertos llevan décadas anunciando.

Lo preocupante es que ya no estamos hablando de predicciones.

Estamos hablando de hechos.

Cada verano es más caluroso que el anterior.

Cada año las olas de calor son más largas y más intensas.

Cada temporada los incendios son más rápidos, más agresivos y más difíciles de controlar.

No lo dice la izquierda.

No lo dice la derecha.

Lo dice la ciencia.

Y, por desgracia, también lo dicen nuestros propios ojos.

Resulta especialmente irresponsable que, mientras los científicos reclaman más prevención, más gestión forestal y más recursos públicos, haya responsables políticos que continúen alimentando discursos que relativizan o niegan la emergencia climática. Negar la realidad nunca ha servido para apagar un incendio.

Lo más preocupante es que Madrid no constituye una excepción. Allí donde el negacionismo climático ha encontrado acomodo en acuerdos de gobierno, el riesgo es exactamente el mismo. Andalucía ya conoce pactos donde se ha asumido ese discurso; Murcia, Extremadura y otros territorios avanzan por una senda similar. Cuando se renuncia a las políticas de adaptación, se cuestionan los compromisos internacionales para combatir el cambio climático o se desprecia la Agenda 2030, no se está librando una batalla ideológica. Se está debilitando la capacidad de nuestras instituciones para proteger a la ciudadanía frente a riesgos que serán cada vez más frecuentes.

En Andalucía tampoco podemos mirar hacia otro lado.

Las altas temperaturas, las sequías prolongadas y la desertificación están modificando nuestro territorio a una velocidad sin precedentes. Quien siga pensando que esto es una exageración ideológica no está discutiendo con la izquierda ni con el ecologismo. Está discutiendo con la realidad.

Nuestro país necesita una política forestal de Estado.

Necesitamos más prevención y menos propaganda.

Más inversión estable durante todo el año y menos actuaciones improvisadas cuando el fuego ya está devorando nuestros montes.

Más profesionales, más medios, más planificación y más respeto hacia quienes conocen el terreno porque llevan toda una vida protegiéndolo.

La lucha contra los incendios no puede depender del color político de quien gobierne una comunidad autónoma. Es una obligación moral con las generaciones presentes y futuras.

A todo ello se suma una tendencia especialmente preocupante: convertir la protección civil y los servicios forestales en un negocio. La precarización de las plantillas, la externalización de servicios y la reducción de la inversión pública no son decisiones neutras. Se justifican en nombre del ahorro, pero terminan teniendo un coste infinitamente mayor cuando llegan las emergencias. La lógica de abaratar lo público puede servir para cuadrar un presupuesto sobre el papel, pero nunca para proteger un bosque que arde ni para garantizar la seguridad de quienes arriesgan su vida combatiendo las llamas.

Porque los incendios no solo revelan cómo arde un bosque. También dejan al descubierto cómo se gobierna. Un gobierno responsable escucha a quienes alertan de los riesgos y refuerza los servicios públicos antes de que llegue la tragedia. Un gobierno irresponsable busca culpables cuando las llamas ya son imparables. Ese es el verdadero retrato que ha dejado esta crisis.

Porque los bosques no votan.

Los árboles no entienden de ideologías.

El fuego tampoco.

Pero sí entiende de abandono.

Y cuando la prevención se recorta, cuando las advertencias se ignoran y cuando el negacionismo sustituye a la ciencia, las llamas encuentran el mejor aliado posible.

Los incendios no empiezan con una cerilla.

Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando algunos gobiernos deciden que invertir en prevención no da tantos titulares como acudir a hacerse la foto cuando el bosque ya está ardiendo.