Los sindicatos se concentran contra las gasolineras que no cuentan con personal de atención

Los sindicatos se concentran contra las gasolineras que no cuentan con personal de atención. Consideran que puede suponer un grave impacto para el empleo en Andalucía.

Representantes de UGT y CCOO de Andalucía se han concentrado hoy ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. El motivo es protestar por la «permisividad» en la apertura de gasolineras desatendidas. Asimismo han entregado una carta dirigida a la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz.

En la misiva, muestran su «más absoluto rechazo» a la posición adoptada por el Ejecutivo andaluz, al entender que «no sólo están haciendo caso omiso al decreto que regula perfectamente esta situación en Andalucía, sino que adelantan su no aplicación para plegarse a intereses meramente mercantiles».

Grave impacto para el empleo

«Un gobierno debe legislar para la mayoría de sus ciudadanos y favorecer la protección e integración de todos los colectivos. Con su permisividad, ponen ustedes en tela de juicio la accesibilidad de los colectivos con minusvalía y ponen también en grave riesgo la seguridad del resto de ciudadanos», advierten a la presidenta.

Los sindicatos se concentran contra las gasolineras y se quejan de que se permita el acceso «incontrolado» de cualquiera a los combustibles de estos establecimientos. Aseguran que lo hacen «sin control, ni garantía» en cuanto a la seguridad del suministro.

[montemayor]

Esto «sin hablar del grave impacto que supone para el empleo, la pérdida de 6.000 puestos de trabajo vinculados al sector de gasolineras en una comunidad castigada por el paro», denuncian.

Por todo ello, piden la implicación de la presidenta ante «este despropósito que significa la desregulación del sector de gasolineras».

Los citados sindicatos, junto a la organización de consumidores Facua y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMS), han suscrito además un manifiesto en el que exigen que la Junta y las administraciones públicas pongan «freno» a esta situación, así como que las corporaciones locales incorporen el contenido del decreto «en la medida de no autorizar la instalación de estaciones de servicio desatendidas» en sus municipios.