La Junta hace oficial la delegación de competencias de Atención Infantil Temprana

Arahal

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha hecho oficial hoy la competencia de prestación de atención infantil temprana en 23 corporaciones locales de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, por un periodo de cinco años y una financiación inicial de 3,06 millones anuales a cargo de la Junta.

La medida tiene carácter excepcional y se adopta de acuerdo con la Ley de Autonomía Local ante la próxima finalización de los convenios entre la Junta y estas entidades, que con la nueva legislación estatal de régimen jurídico del sector público no pueden ser prorrogados.

El objetivo es garantizar la continuidad de un servicio del que se benefician anualmente más de 2.800 menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos.

Las corporaciones locales incluidas en esta delegación gestionan centros en Lucena, Montilla y Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba; Cartaya (Huelva); La Carolina, Linares, Úbeda y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Alhaurín el Grande, Antequera y Vélez-Málaga (Málaga), y Constantina, Dos Hermanas, Estepa, El Arahal, Lebrija, Los Palacios, Morón, Osuna, Paradas, Sanlúcar la Mayor y Tomares, en Sevilla.

En el caso de Arahal, se trata de una cantidad de 91.800 euros al año que percibirá por este motivo.

Un decreto específico

Andalucía cuenta desde abril del pasado año con un decreto específico que refuerza las políticas autonómicas en materia de atención temprana a los menores de seis años.

Su desarrollo ha permitido eliminar las listas de espera y aumentar el tiempo de las sesiones de 45 minutos a una hora, además de garantizar un aumento progresivo de las partidas desde los 11,9 millones de euros en 2016 a los 34 previstos para 2019.

En el presente ejercicio la dotación presupuestaria es de 20,8 millones para financiar los contratos con entidades sociales y los convenios con ayuntamientos.

La política de la Junta en esta materia plantea un modelo integral que agrupa las actuaciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de familias y entorno social.