El PP lleva al Parlamento que se luche por la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá

El Grupo Parlamentario Popular pedirá en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno central se implique para evitar la deslocalización de la factoría Santa Bárbara Sistemas, ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y que se rechace la política industrial utilizada hasta ahora que se centra en “subordinar los intereses entre territorios”. 

Así lo reclamará el PP a través de una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la presidenta provincial del PP de Sevilla y parlamentaria, Virginia Pérez, quien se reunió esta semana con el comité de empresa para conocer la situación de los trabajadores y sus reivindicaciones ante el previsible traslado de toda la producción a Trubia (Asturias).

La empresa, con más de 500 años de trayectoria, cuenta con 223 empleados en Sevilla y más de 900 proveedores tanto en la provincia como en la región que generan hasta 500 empleos directos. Es la contratista principal de la fabricación de los nuevos vehículos de combate sobre cuatro ruedas 8×8, según el Consejo de Ministros autorizó en 2019, cuya producción genera hasta 1.000 empleos indirectos. 

Con sedes en Sevilla, Asturias, Madrid y Guipúzcoa, el centro de Alcalá se encarga del suministro de la plataforma y la integración del vehículo. El pasado 28 de enero en pleno proceso de fabricación, según recoge la PNL, la empresa comunicó de forma inesperada el despido de 20 trabajadores pese a contar con “carga de trabajo y contratos en vigor” y el traslado de la fabricación a Asturias. 

Al respecto, Virginia Pérez ha mostrado su preocupación por las consecuencias para el centro sevillano ante el impacto en “el empleo, el potencial y la capacidad industrial de calidad que aporta al PIB de nuestra tierra”. Ha recordado que la compañía ha planteado reforzar el centro del norte de España y no se descartan traslados forzosos de empleados de Sevilla. 

“Indiferencia del Gobierno”

“No entendemos que esta decisión cuente con el silencio y la más absoluta indiferencia por parte del Gobierno de España, adjudicador de los contratos financiados con dinero público”, ha criticado la diputada por Sevilla en el Parlamento andaluz. Ha mostrado su rechazo a que los andaluces paguen las consecuencias de la deslocalización de las empresas en pleno proceso de descarbonización por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Nuestra industria no puede ser víctima de la incapacidad del Gobierno”, ha insistido Virginia Pérez quien ha confirmado que el Grupo Parlamentario Popular reclamará en el Parlamento andaluz la implicación del Gobierno central en esta causa a través de la PNL ya registrada.

Así, el PP solicitará que el Ejecutivo se implique y evite la deslocalización de la factoría sevillana por las “graves consecuencias socioeconómicas y de empleo”. También se pedirá en la Cámara autonómica el rechazo a la política industrial nacional que “subordine a corto plazo los intereses de unos territorios en lugar de equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial”.