El Banco de Santander se queda con un edificio de Palmete y pretende echar a la calle a 11 familias

La Asociación Barrios Hartos, que denuncia la situación en la que se vive en las barriadas humildes de Sevilla, ha iniciado una serie de acciones, para impedir el desahucio de 11 familias de un mismo edificio, tras comprar el bloque Altamira, la inmobiliaria del Banco de Santander.

En un comunicado, esta entidad ha informado de que el juzgado número 8 de Sevilla ha fallado que el edificio donde viven estas familias, con 9 menores, situado en la calle Verdad, en barriada de Palmete, habitado desde hace más de diez años por las citadas familias, pase a manos de la inmobiliaria, «pese a que los vecinos tienen contratos en vigor, con alquiler y opción a compra».

Sin embargo, el banco ha solicitado el desalojo inmediato, y el lanzamiento está fijado para el 5 de diciembre.

No se ha escuchado a las familias

Asegura Barrios Hartos que, durante el pleito, no se ha escuchado a las familias, ni se han tenido en cuenta los informes de Servicios Sociales que detallan su situación regular y su compromiso continuo de pago. Tampoco se han valorado los nueve menores que crecen en este bloque, «mantenido y cuidado por los propios inquilinos».

«Las administraciones —Ayuntamiento, Emvisesa y Defensor del Pueblo— han calificado a estas once familias como daños colaterales», indican, para asegurar que han sido instadas a renunciar «a sus derechos y a su vida en el barrio», mientras «el Santander pretende quedarse con el inmueble para especular, ignorando que hay vecinos» dispuestos a pagar un alquiler justo de acuerdo a las condiciones sociales propias de un barrio «castigado por la precariedad y el paro que genera el propio sistema».

Desde Barrios Hartos, junto a otras organizaciones sociales, se ha denunciado «un nuevo atropello al derecho a la vivienda», y rechaza «el intento de lanzamiento», además de exigir a Emvisesa, al Ayuntamiento y a la Junta «a que cambien de postura y obliguen al Santander a respetar las condiciones de las familias y dejen de insinuar posibles soluciones temporales que solo agravan la precariedad».