Piden 25 años de cárcel por el asesinato de la nicaragüense Erika Reyes en Utrera

La acusación particular ha presentado escrito formal solicitando la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra Noé Ángel Castro Tobar, detenido y en prisión preventiva tras el asesinato de la joven nicaragüense Erika Vanesa Reyes Álvarez, ocurrido el 30 de julio de 2023 en Utrera.

El abogado representante de la familia de la joven asesinada, que tenía solo 22 años, José Antonio Sires (SIRES Abogados), encabeza una acusación particular que reclama el encausamiento por un presunto delito de asesinato con la agravante de ensañamiento.

Según el escrito de acusación, los hechos investigados describen una agresión extremadamente violenta y prolongada, durante la cual la víctima habría sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, cuello y tórax, así como lesiones defensivas, lo que indicaría que permaneció consciente durante parte del ataque.

La acusación sostiene que la violencia ejercida no fue inmediata ni necesaria para causar la muerte, sino que se prolongó deliberadamente, incrementando el sufrimiento físico y psíquico de la víctima, lo que fundamenta la calificación jurídica de asesinato con ensañamiento, conforme al artículo 139 del Código Penal.

Los informes médico-forenses incorporados a la causa concluyen que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, y recogen además la existencia de lesiones compatibles con mordeduras en el investigado, presuntamente defensivas por parte de la víctima.

Por todo ello, la acusación particular solicita una pena de 25 años de prisión, así como la correspondiente responsabilidad civil de 150.000 euros a favor de los familiares de la víctima.

El procedimiento se encuentra actualmente a la espera de la fecha de celebración del juicio con Jurado popular, ante el Tribunal del Jurado, en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Desde la acusación particular se subraya el máximo respeto al principio de presunción de inocencia, reiterando que será el Tribunal del Jurado quien determine los hechos y la responsabilidad penal, al tiempo que se reclama verdad, justicia y reparación para la familia de la víctima.