El misterioso caso del cadáver desaparecido en el cementerio de Morón

Un vecino de Sevilla lleva nueve años esperando que los gestores del Ayuntamiento de Morón de la Frontera localicen dónde está enterrado su padre, con el fin de poder realizarle al cadáver una prueba de ADN que certifique la paternidad del mismo y poder acceder a la herencia correspondiente.

Según ha explicado en un comunicado el abogado Fernando Osuna, encargado de este caso, este hombre interpuso una demanda de paternidad hace nueve años, y en su día consiguió la exhumación del que se creía que era el cadáver de su padre en el cementerio de Morón de la Frontera, pero cuando se realizaron las pruebas a los restos óseos se comprobó que en realidad se trataba del cadáver de una mujer.

Informe de Toxicología

Así lo expresó en su informe el Instituto Nacional de Toxicología, un proceso que duró cinco años desde el inicio de la demanda, con lo que “después de la lentitud del juzgado, se produce el tremendo error de coger los restos óseos de una mujer en vez de un hombre”.

Este hecho provocó un retraso en el procedimiento, y al tratarse de un error ajeno al demandante “se interesó de nuevo la exhumación del cadáver en el cementerio de Morón de la Frontera, y la designación de médico forense para, con cumplimiento riguroso de las normas reglamentarias de policía sanitaria mortuoria correspondientes, extraer del mismo las muestras de precisas para la realización de la prueba pericial de averiguación de paternidad”.

En base a la Ley

Con carácter previo a dicha actuación, se pidió que  operarios del cementerio que localizasen con exactitud el lugar de la sepultura donde yacen los restos óseos del presunto padre, en virtud del artículo 23.1 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Sin embargo, a día de hoy aún no se ha localizado, con el problema, según el letrado, de que en cada trámite, por pequeño que sea, que se da en el juicio en cuestión, transcurren seis meses o más, “y muchos de ellos están llenos de imprecisiones”, por lo que calcula que el proceso que empezó en 2013 puede terminar en el año 2023.