Una madre denuncia posibles irregularidades en un expediente de protección de menores

La madre del menor,S.B.P, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz contra la Junta de Andalucía y contra los Servicios de Protección de Menores y Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), al considerar que el expediente administrativo tramitado en relación con su hijo presenta graves contradicciones, deficiencias técnicas y posibles vulneraciones del interés superior del menor.

Según expone la denuncia, el procedimiento de protección, iniciado en 2023 y culminado con una resolución de fecha 28 de noviembre de 2025 en el que se acuerda el cese de la tutela administrativa del menor y la restitución a su domicilio materno, habría incurrido en una falta de motivación suficiente y en inconsistencias relevantes entre los informes técnicos emitidos a lo largo del proceso y la decisión final adoptada por la Administración.

La madre sostiene que durante gran parte del expediente se cuestionó de manera reiterada su capacidad para ejercer como madre y la inexistencia de un vínculo afectivo evaluable con el menor.

El abogado sevillano José Antonio Sires ha presentado la denuncia.

Sin embargo, estos elementos no habrían sido reevaluados de forma objetiva y detallada y por ello, la Junta de Andalucía acordó finalmente el cese de la tutela administrativa y la reintegración familiar, sin que conste —según la denuncia— una justificación técnica clara que explique dicho cambio de criterio.

Por estos motivos, el Letrado penalista, Jose Antonio Sires (SIRES ABOGADOS) ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Cádiz para que se investigue la actuación administrativa, se depuren posibles responsabilidades y la falta de garantías en las decisiones adoptadas en el marco del sistema de protección de menores y al principio del interés superior del menor.

El letrado José Antonio Sires García ha señalado que “La denuncia no persigue un enfrentamiento institucional, sino la transparencia, la corrección de posibles errores y la protección efectiva de los derechos del menor, confiando en que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y adopten las medidas oportunas.”