Un matrimonio denuncia la retirada de la tutela de sus cinco hijos sin información alguna

Un matrimonio sevillano ha presentado una denuncia contra la Junta de Andalucía tras haberle retirado la custodia de sus cinco hijos menores de edad sin explicación, y en el año y medio que ha transcurrido desde entonces, sostienen, no han recibido la documentación que acredite los motivos de la retirada.

Según ha explicado en un comunicado el abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad acordó el desamparo provisional el pasado 24 de noviembre de 2022,  día en el que unos funcionarios les llamaron por teléfono para que acudieran a los servicios de menores junto a sus hijos “para darles una documentación respecto a los menores”. 

Una vez allí, el equipo del servicio de protección de menores les manifiestan que deben entregar a sus hijos para que sean llevados a distintos centros, refiriéndoles que no opongan resistencia alguna y que iba a ser una medida puntual y de poco tiempo, “pero les mintieron, porque llevan un año y seis meses sin poder estar con sus hijos”.

Sin comunicación

Sires ha concretado que la resolución administrativa que inició el proceso de desamparo «debió ser comunicada a los progenitores de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, como establece la normativa, pero no fue así”, a pesar de ser una acción “tan sumamente importante que se iba a llevar a cabo por decisión de la delegación de Inclusión Social”.

El abogado José Antonio Sires se encarga de la representación de la pareja.

Una vez los menores en los centros de acogida de la Junta, y nuevamente a propuesta de los servicios de protección de menores, se abrió un expediente de adopción del hijo de dos años de la hija mayor del matrimonio, su nieto, del que indican que “sigue el mismo patrón que el de sus hijos: negativa sistemática a facilitar documentación alguna que obrase en el expediente”.

Se han pedido los expedientes

El bufete que se encarga de la representación de la familia, al tener conocimiento de la forma en la que se había procedido a retirar a los menores de sus padres, ha procedido a requerir a los servicios de protección de menores los expedientes administrativos que dieron origen al desamparo, “sin obtener respuesta del personal de este organismo publico”.

Transcurridos mas de cuatro meses desde el primer requerimiento realizado para acceder a las copias de los expedientes administrativos, conforme prescribe el artículo 53 de la Ley 29/2015  de 1 de octubre, “por ser un derecho contenido en procedimiento administrativo”, el equipo de protección de menores citó al letrado de la familia para indicarle que “no pueden darle  toda la documentación porque son muchos documentos y les llevaría mucho tiempo  realizar y enviar las copias” y que si quieren acceder al expediente que “lo soliciten en sede judicial”.

Demanda civil

Ante el “oscurantismo” que rodea este caso, la familia ha presentado una demanda civil ante el juzgado de Familia para oponerse a la resolución administrativa, y se estudian acciones penales y la práctica de determinadas diligencias de investigación “que ayuden al esclarecimiento de los hechos y del control del procedimiento administrativo llevado a cabo”.

En este caso, las actuaciones de protección “que no se rigen de acuerdo a los criterios tasados y reglados”, no han sido desplegados por los servicios de menores “con las garantías jurídicas exigibles y en todo caso ocultando las actuaciones a los progenitores”, señala el letrado.