Piden al Gobierno que suspenda los vertidos al Guadalquivir de las minas de Gerena y Aznalcóllar

Ayuntamientos, asociaciones económicas y de consumidores de las poblaciones ribereñas del estuario del Guadalquivir solicitarán a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la suspensión temporal de los vertidos previstos al río por parte de las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces.

Los consistorios de Chipiona, Coria del Río y Lebrija, junto a las federaciones andaluzas de COAG, FACUA y Marea Blanca, y las asociaciones “Mariscadores de Corrales Jarife”, “Plataforma Cívica Salvemos el Guadalquivir”, “Andalucía Viva”, Fundación Savia, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua y la Asociación Ficus de San Jacinto, han solicitado mantener una reunión con la ministra y con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín. A esta petición se han sumado otras asociaciones de la desembocadura del Guadalquivir: la Asociación de Empresarios ACITUR, y las asociaciones ecologistas CANS, ERIPHIA y Al Aire

En dicho encuentro, los colectivos demandarán que ambas autoridades, en el marco de sus competencias y apelando a su responsabilidad política, intervengan para decretar una moratoria sobre los vertidos proyectados. Asimismo, pedirán la creación de un comité científico independiente que analice la concentración de metales pesados ya detectada en el estuario del Guadalquivir y su impacto sobre la fauna acuática, los ecosistemas y las comunidades ribereñas.

Los promotores de la solicitud consideran urgente que la reunión se celebre antes de que se autorice el vaciado de las cortas mineras de Aznalcóllar, situadas en la cuenca del Guadiamar. Su postura se apoya en diversos estudios realizados por las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que han documentado la presencia de contaminantes metálicos en el estuario, en especial en los sedimentos, que ya estarían teniendo efecto ecotóxico en algunas especies bentónicas y de peces según estudios de campo y laboratorio.

Apelan al principio de precaución, pilar de la normativa ambiental europea, pues se trata de salvaguardar el bien superior del buen estado ecológico del estuario y los ecosistemas asociados—entre ellos el Parque Nacional de Doñana— ) y de las múltiples actividades económicas que dependen de sus aguas, desde la pesca de bajura que se practica en la desembocadura hasta el turismo, pasando por la agricultura y la ganadería, así como de la salud de las personas que pueblan las localidades aledañas.