Pacma pide la dimisión urgente de la consejera de Salud por el escándalo de las mamografías

La coordinadora provincial del Partido Animalista PACMA en Sevilla, Clara Márquez, ha reclamado este viernes la dimisión inmediata de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Cobo, tras conocerse que más de 2.000 mujeres siguen sin haber sido informadas de su situación dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama.

“Estamos hablando de un fallo inaceptable en un servicio público esencial, que compromete la salud y la vida de miles de mujeres andaluzas. Las consecuencias de esta negligencia pueden ser de dimensiones incalculables: puede haber casos en los que ya no exista cura, cuando con una detección precoz sí hubiera sido posible salvar esas vidas”, ha señalado Márquez, que también es usuaria del programa de prevención de detección precoz del cáncer de mama de la Junta de Andalucía.

Clara Márquez, portavoz de Pacma en Sevilla.

«Como paciente, con esta noticia me siento insegura y aterrada de poder verme en una situación tan terrible, como cada una de las mujeres que podríamos estar afectadas por esta negligencia, con la incertidumbre de saber si tengo o no cáncer de mama, esperando «la llamada». Para la coordinadora, lo ocurrido es «jugar con la salud, física y emocional de las mujeres» y «no se puede permitir ni un minuto más».

¿Un guiño a la privatización?

«Aunque, si bien es cierto que las pruebas de detección precoz se hacen en centros públicos, muchas otras las hacen la privada. Esperemos que esta supuesta negligencia en el servicio no suponga una excusa para privatizar también este programa, en vez de dotar suficientes efectivos profesionales y personal público para llevarlo a cabo, tal y como han hecho derivando a clínicas privadas la realización de pruebas diagnósticas para aligerar el atasco de las listas de espera», añade.

La formación critica también la gestión del actual Gobierno andaluz, al que acusa de destinar una inversión insuficiente a la sanidad pública, poniendo en riesgo la calidad asistencial y dejando a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad.