Maricarmen podría ser tu madre

Fidel Romero.

Maricarmen tiene 87 años y un 50% de discapacidad reconocida. Lleva 70 años viviendo en la misma casa, en el distrito madrileño de Retiro. Sus padres firmaron el contrato de alquiler en 1956 y ella jamás dejó de pagar un recibo.

Hasta que llegó un fondo de inversión.

En 2018, Urbagestión compró el edificio. El alquiler pasó de 500 a 1.650 euros. Maricarmen no podía asumir esa subida. Alguien llegó incluso a ofrecerse a pagar de forma anónima la diferencia.

El casero lo rechazó.

No querían su dinero.

Querían la vivienda.

Durante siete años la llevaron cuatro veces a los tribunales. Las tres primeras veces ganó ella. La cuarta terminó de la peor manera posible: los servicios sanitarios tuvieron que sacarla de su casa en camilla.

Hay una frase de Maricarmen que no consigo quitarme de la cabeza:

«Llevo siete años con un machete en la nuca, esperando a que caiga».

Yo me pregunto: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Cómo puede una mujer de 87 años, que lleva 70 años en su hogar y ha cumplido con sus obligaciones, terminar expulsada de él?

Mientras tanto, en el Congreso se intentó aprobar en dos ocasiones un decreto antidesahucios para impedir que las personas vulnerables fueran expulsadas sin una alternativa habitacional.

PP, Vox y Junts votaron juntos para tumbarlo.

¿Y de qué hablábamos mientras tanto?

De los okupas.

Pero los datos cuentan otra historia.

La ocupación afecta al 0,04% de las viviendas en España, mientras que el mismo informe señala que el 50% de los españoles tiene dificultades para acceder a una vivienda.

Y en 2025 se ejecutaron 25.540 desahucios en España. Siete de cada diez fueron consecuencia de la imposibilidad de pagar el alquiler.

Esos son los números que deberíamos estar discutiendo.

Porque detrás de cada desahucio hay una persona, una familia, una vida.

EL MADRID DE AYUSO

La Comunidad de Madrid gestiona casi 25.000 viviendas públicas. En 2024 ejecutó 121 desahucios, la cifra más alta en diez años, mientras tenía 798 viviendas públicas vacías.

Y el mismo día que Maricarmen fue sacada de su casa en camilla, Isabel Díaz Ayuso publicó en redes:

«¿Para cuándo la “vivienda progresista”? Qué generosos son con lo ajeno.»

A mí esa frase me resulta especialmente dolorosa.

Porque detrás de lo que para algunos puede ser simplemente «un desahucio más», hay una mujer de 87 años que ha perdido el hogar donde ha vivido durante siete décadas.

No veo empatía.

No veo la mano tendida.

No veo la capacidad de ponerse en la piel de una persona que está sufriendo.

Y sí veo, en cambio, una defensa de una determinada manera de entender la vivienda: como un activo, como una inversión, como una oportunidad para obtener rentabilidad.

Pero para quienes defendemos los derechos sociales, la vivienda es otra cosa.

La vivienda pública, el alquiler social y la defensa de quienes no pueden hacer frente a los precios abusivos forman parte de la lucha histórica de la izquierda por los derechos de la mayoría.

Y yo no voy a renunciar a defenderlos.

Porque cuando hablamos de vivienda hablamos de dignidad.

Hablamos de personas mayores, de familias trabajadoras, de jóvenes que no pueden independizarse y de personas vulnerables que necesitan protección.

No podemos aceptar que el capital esté por encima de las personas.

Que una vivienda pueda convertirse en una simple pieza de un tablero financiero mientras dentro de ella vive alguien que necesita un hogar.

Los fondos de inversión pueden invertir en oro, petróleo, empresas, tecnología o criptomonedas.

Pero yo no quiero que puedan hacer negocio con un derecho fundamental mientras personas como Maricarmen terminan en la calle.

Y esa es también una diferencia política que no debemos esconder.

Mientras unos ponen por delante la rentabilidad y la defensa de los grandes capitales, nosotros tenemos que poner por delante a las personas.

Porque yo tengo muy claro de qué lado quiero estar.

Del lado de Maricarmen.

Del lado de quienes sufren un desahucio.

Del lado de quienes no pueden pagar un alquiler imposible.

Del lado de quienes necesitan una vivienda pública y de quienes reclaman que las instituciones estén para proteger sus derechos.

La vivienda es un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución.

No es una apuesta financiera.

No es una ficha de casino.

No es una mercancía cualquiera.

Es el lugar donde una persona construye su vida.

Y hoy quiero terminar hablando de Maricarmen.

No como una cifra.

No como un expediente judicial.

No como «un desahucio más».

Quiero hablar de ella como lo que es: una mujer de 87 años que ha vivido 70 años en su casa y que ha tenido que salir de ella en una camilla.

A mí me gustaría que Maricarmen pudiera volver a cruzar la puerta de su casa.

Que pudiera sentarse de nuevo en su salón.

Que pudiera mirar alrededor y reconocer el lugar donde ha vivido prácticamente toda su vida.

Y que, por una vez, la última palabra no la tuviera una cuenta de resultados.

La tuviera la dignidad.

Por eso no podemos mirar hacia otro lado.

Tenemos que hablar de vivienda, exigir más vivienda pública, defender el alquiler social, proteger a las personas vulnerables y poner límites a quienes convierten nuestras casas en un negocio especulativo.

Y tenemos que hacerlo juntos, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras instituciones y en las calles.

Porque si hoy permitimos que le ocurra a Maricarmen, mañana puede ocurrirle a cualquiera.

Puede ser mi madre.

Puede ser mi abuela.

Puede ser nuestra vecina.

Podemos ser nosotros.

MARICARMEN NO ES «UN DESAHUCIO MÁS». ES UNA PERSONA. Y SU DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA TAMBIÉN ES NUESTRO.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO. Y LOS DERECHOS SE DEFIENDEN.

Fidel Romero Ruiz