Llaman a movilizarse contra las políticas de vivienda de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla

COMUNICADO DE PRENSA

El 19 de junio colectivos vecinales y que trabajan por el derecho a la vivienda han convocado una manifestación bajo el lema “La Vivienda nos cuesta la Vida”. La manifestación partirá a las 19 horas del Parlamento de Andalucía y se encuentra dentro de una oleada de manifestaciones en 32 ciudades de España.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, una de las organizaciones convocantes, llama a movilizarse contras las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. El Sindicato denuncia que la política de vivienda en Andalucía y Sevilla es una política antisocial, dirigida a favorecer el negocio de la construcción privada y aumentar el patrimonio de algunos hogares, sin ofrecer soluciones a la población vulnerable y a aquellos que realmente tienen problemas de vivienda.

Según el último Índice de Precios de la Vivienda del INE, correspondiente al primer trimestre de 2026, la vivienda se incrementó un 13,3% en Andalucía, por encima de la media nacional. Por su parte, en Cataluña, Navarra y País Vasco se contiene la escalada de precios, precisamente las únicas tres Comunidades Autónomas que están aplicando políticas de control de precios del alquiler de conformidad a la Ley de Vivienda Estatal. En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla se sigue negando de forma incomprensible a aplicar esta política que aliviaría la burbuja de precios y la crisis habitacional que vivimos.

Además, la vivienda protegida en Andalucía se ha orientado desde hace décadas a la compraventa, con periodo de calificación cada vez más breves, con lo que las viviendas financiadas con fondos públicos pasan al mercado libre al poco tiempo. El Plan Estatal de Vivienda señala que se han construido 6,5 millones de viviendas de promoción pública desde 1960 en España, de las cuales solo 300.000 siguen formando parte del parque público, suponiendo tan solo un 1,7% de los hogares.

La Junta de Andalucía se ha puesto a la cabeza de la descalificación de la vivienda protegida en los últimos años. Recurrió al Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Vivienda Estatal que establecían un periodo mínimo de 30 años de calificación para la vivienda protegida. Posteriormente, mediante el Decreto-ley 1/2025, redujo a 10 años el periodo mínimo de calificación de las viviendas protegidas, al tiempo que incrementaba a 7 veces el IPREM los ingresos máximos de los hogares que podían acceder a estas viviendas, lo que sitúa este límite cerca de los 60.000 euros anuales. La política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla sigue punto por punto esta política de vivienda antisocial. En los últimos años, EMVISESA, la empresa municipal de la vivienda, ha ofertado viviendas protegidas en la Cruz del Campo de hasta 350.000 euros. En zonas mucho menos céntricas de la ciudad, como El Pítamo (Residencial Entreolivos), ha ofertado viviendas de hasta 250.000 euros. Con estos precios, los adjudicatarios más vulnerables no tienen más remedio que renunciar a las viviendas hasta que aparecen hogares con el poder adquisitivo suficiente. Hogares de clase media que en 10 años pueden especular en el mercado libre con el precio de sus viviendas. De esta manera, la vivienda pública está sirviendo para aumentar el patrimonio de algunos hogares en detrimento del erario público y del interés general de la política de vivienda.

A todo esto se suma que la Gerencia de Urbanismo ha renunciado recientemente a ejercer el derecho de compra preferente sobre las 102 viviendas de la obra social de la Caixa en la calle Alberto Jimenez Becerril. Contando con informes favorables a la adquisición por parte de los técnicos del ayuntamiento, el Consejo de Gobierno de Urbanismo renunció a la opción de comprar las viviendas por 4 millones de Euros. Como consecuencia, las viviendas han acabado en un fondo buitre que dentro de 10 años podrá venderlas a precio de mercado, ocho veces más del precio de compra al que ha renunciado el Ayuntamiento de Sevilla. Esta decisión por parte del Ayuntamiento de Sevilla es incomprensible desde un punto de vista técnico y altamente sospechosa.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla llama la atención de la necesidad de un giro en la política de vivienda pública, con la aplicación de control de precios de alquiler en las zonas tensionadas de las ciudades andaluzas y con un compromiso claro por parte de las administraciones públicas para que todas las viviendas de protección oficial lo sean en alquiler y con calificación permanente, generando un parque público de vivienda que garantice este derecho y combatiendo de forma efectiva la especulación inmobiliaria.