Educación
Familias de menores con necesidades especiales llevan personalmente su reclamación a Educación
Desde que comenzara el curso 2019-2020, los padres y madres del alumnado con NEAE vienen protagonizando «una suerte de circuito perverso de puerta en puerta para lograr algo tan básico como el personal docente y de apoyo que necesitan sus hijos e hijas»
Familias de menores con necesidades especiales llevan personalmente su reclamación a Educación
[coviran]
Las familias de niños y niñas que presentan características que requieren de una atención educativa especial se han presentado este miércoles en las puertas de la Delegación Territorial de Educación para reclamar más atención en los centros hacia este tipo de alumnado. Y lo han hecho pasando por registro tantas reclamaciones como familias.
Las entidades convocantes han sido las AMPAs de Escuelas de calor NEAE, sector de la plataforma de AMPA especializado en este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y el resto de AMPA.
Todas las familias llevaban una reclamación para presentarla por registro ante la administración educativa por la situación en que se encuentra este alumnado a poco más de un mes de comenzado el curso. En la Delegación han tenido que abrir cuatro ventanillas ante la afluencia de demandantes.
«No pueden ni salir al recreo»
Teresa Pablo como portavoz de estas plataformas de familias afectadas, asegura que hay niños y niñas que no pueden «ni salir al recreo» porque no tienen monitor que lo acompañe y son menores con diversidad funcional. Otros están en un aula ordinaria a pesar de que la modalidad educativa que los asiste es la de integración para la que necesitan ayuda. «No están siendo atendidos en las necesidades que presentan», señala la portavoz.
Según el escrito presentado por las familias en la Delegación, desde que comenzara el curso 2019-2020, los padres y madres del alumnado con NEAE vienen protagonizando «una suerte de circuito perverso de puerta en puerta para lograr algo tan básico como el personal docente y de apoyo que necesitan sus hijos e hijas en el colegio o instituto públicos donde están matriculados». De Ordenación Educativa a Recursos Humanos y de ahí a Función Pública para terminar en el servicio de inspección de su zona, sin olvidar Planificación.
Dictamen de escolarización
La práctica totalidad de estas familias matricularon a sus hijos e hijas con un dictamen de escolarización que reconoce, sobre la base de un diagnóstico psicopedagógico del Equipo de Orientación Educativa, la necesidad de determinados/as profesionales docentes o de apoyo para que su educación en el sistema público les garantice sus máximas posibilidades de desarrollo personal y académico. Algo a lo que cualquier niño o niña andaluz tiene reconocido como derecho fundamental.
Pero este derecho que en el papel les reconoce la Ley Andaluza de Educación, «no se hace efectivo en la realidad cuando no se ponen recursos materiales y humanos a su disposición». Y esa es la situación que se atraviesa en el 70% de los casos.
Las reclamaciones que han puesto en solitario no han dado resultado. Por eso desde las Escuelas de Calor NEAE han optado por ir juntas y visibilizar «que no están solas, que esta realidad es común a muchas familias, y que incluso las familias supuestamente no afectadas también lo estamos». En ese sentido aseguran que «la calidad que recibe todo el alumnado es peor cuando las necesidades de un niño o niña no se ven atendidas».
Trabajo precario
Según esta plataforma, hay personal docente y de apoyo (PTIS, PT, AL, ILSE…) pero la Junta de Andalucía «lo ha dejado en el paro o lo ha precarizado contratando de manera compartida para atender a varios centros al que antes destinaban a un solo colegio o instituto».
Esto, haciendo un símil, ya no es siquiera “desvestir a un santo para vestir a otro, sino pretender vestir a varios santos con un solo ropaje» por eso consideran que se trata de una situación «insostenible». Por lo que, al final se parchea y el alumnado paga las consecuencias, «justamente el alumnado más vulnerable por sus especiales características».
Las familias entienden que se está vulnerando «de manera flagrante» el derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad. De ahí que anuncien que volverán a la Delegación de Educación si en 15 días no reciben respuesta.
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