Familias de Isla Mayor se unen a la iniciativa de la Diputación para comprar sus viviendas

Un total de 28 familias de Isla Mayor tendrán la oportunidad de adquirir en propiedad las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las que habitan desde hace años en régimen de alquiler, gestionadas por Sevilla Activa.

La empresa pública de vivienda de la Diputación de Sevilla continúa extendiendo el programa que ha puesto en marcha para facilitar esta compra y que se inicia con charlas explicativas sobre el proceso, como la que han realizado en este municipio técnicos de la corporación provincial, que preside Javier Fernández.

Vivienda estable

Uno de los pilares sobre los que se construye la vida en los municipios es el acceso a una vivienda estable y asequible. Las viviendas de Isla Mayor que gestiona Sevilla Activa fueron promovidas en suelos municipales y adjudicadas, según los procedimientos reglados, en régimen alquiler. Se trata de residencias de dos, tres y cuatro dormitorios, con tamaños que van de los 61 a  los 87 metros cuadrados. Se ofertarán a sus inquilinos con un precio de compra entre 43.000 y 61.000 euros

Sevilla Activa ofrece una fórmula que permite dar continuidad a los proyectos de vida de estos residentes. Evita incertidumbres y favorece la permanencia de las familias tras una larga etapa de arraigo en el municipio.

La iniciativa consiste en actualizar los contratos de alquiler a la modalidad de contratos alquiler con opción a compra, un modelo que aporta total seguridad en el proceso para llegar a  acceder a las viviendas, sin que salgan al mercado, y preservando su carácter social.

Reunión

Sevilla Activa ha reunido a estas familias para explicarles las medidas que pueden beneficiarles si lo desean. Al encuentro han asistido el alcalde de la localidad, Juan Molero, y la gerente de la sociedad pública, Pilar Pérez.

Posteriormente, se firmarán los contratos de alquiler con opción a compra. Con esta actuación, la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con políticas de vivienda centradas en las personas.

La intervención tiene un claro fin social. Está orientada a proteger el derecho a una vivienda digna, fortalecer el arraigo en los municipios y dar respuestas ajustadas a la realidad de quienes han hecho de estos hogares su lugar de vida durante años.