Las organizaciones agrarias exigen la retirada de la orden que pretende declarar al lobo especie protegida

ASAJA, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable. Se trata de la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica. En esta se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Y deja de ser especie cinegética en toda España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabaja con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

En este sentido, estas tres organizaciones agrarias sostienen en un comunicado que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es «de todo punto inaceptable. Y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie. En una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida. Y con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación».

Censo de población de lobos

A su parecer, la Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que «no refleja la situación actual en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo».

Así, para los representantes de los agricultores, «ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas»(Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.

En opinión de las Organizaciones Agrarias, la única forma de solucionar este disparate normativo es que el Ministerio retire la polémica orden. Y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo .Este debe incluir un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería. En este diagnóstico, se incluirá medidas de gestión y control de la especie. Así como de prevención de los ataques. Y un programa de indemnizaciones para los ganaderos. Estos, en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

El lobo se encuentra en fase expansiva

Las tres organizaciones entienden que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real. Es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico. Actualmente está en fase de elaboración.

Según los datos que manejan las organizaciones, el lobo, «se encuentra en fase expansiva». Y ha aumentado significativamente el número de animales y manadas cada año. Y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.

Prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente. Se han pasado de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.

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