Destinan 175.000 euros para la lucha contra la drogadicción en Sevilla

Sevilla

Un total de 17 proyectos de otras tantas entidades serán las beneficiadas del programa ‘Sevilla sin Drogas’ que ha convocado la Delegación de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento hispalense bajo un importe de 175.000 euros destinado «a reforzar la capacidad del gobierno municipal, con la ayuda de entidades del tercer sector, para dignificar la vida de las personas drogodependientes de nuestra ciudad y prevenir realidades similares en el resto de la población en todo tipo de hábitos de consumo», según ha afirmado el concejal delegado del ramo, Juan Manuel Flores.

En una nota, desde el Ayuntamiento han detallado este sábado que el programa presta atención a determinadas actividades definidas como prioritarias por el Servicio de Salud del Área de Bienestar Social y Empleo, como son la promoción de acciones informativas de sensibilización sobre los riesgos del consumo de drogas; la detección e intervención precoz ante situaciones de consumo problemático y conductas conflictivas en colectivos juveniles; la promoción de acciones para formación integral y de protección frente a dicho consumo, en especial con grupos de menores y jóvenes en situación de riesgo social, entre otros.

Incluye la implicación de mediadores y agentes comunitarios –profesores, agentes de salud o educadores, entre otros– en el desarrollo de las actuaciones de prevención con colectivos en riesgo; el desarrollo de intervenciones preventivas –selectivas e indicadas–, de reducción de daños en personas afectadas por las adicciones, en zonas de actuación preferente de la ciudad, así como en colectivos vulnerables –inmigrantes, minorías étnicas, entre otros–, y en familias con riesgo social.

Por otro lado, la selección también ha tenido en cuenta el desarrollo de las acciones con grupos de riesgo –jóvenes y adolescentes con consumos problemáticos, familias en situación de alto riesgo social población inmigrante y/o minorías étnicas–; la educación formal con alumnos con problemas de comportamiento social y riesgo de abandono de los estudios así como con incidencias judiciales; el desarrollo de las actividades de prevención en zonas de necesidad de transformación social y la prevención en el ámbito de las adicciones desde la perspectiva de género.