Una plataforma denuncia «prácticas abusivas» y «uso fraudulento de cursos de formación» en Procavi

J. A. SUÁREZ. AION Marchena

La plataforma de apoyo a la mejora de las condiciones laborales en Procavi, recién creada, ha denunciado en un comunicado que la empresa realiza «prácticas abusivas» como es el «uso fraudulento de cursos de formación», que se organizan y convocan a través de los Ayuntamientos de la comarca.

La Plataforma cuenta ya con el apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT, las asambleas locales de IU de Marchena, Arahal, Morón, Paradas, Podemos de Morón, Arahal, La Puebla y El Coronil, SAT de Morón, Coronil, Fuentes y Gilena, AMA Morón, Marea Verde Morón, Ganemos de Marchena y El Coronil.

En la planta principal de Procavi se emplean ya más de mil trabajadores de Marchena, Carmona, Paradas, El Viso, Mairena, Arahal y Morón, entre otros municipios, y su facturación asciende a 280 millones anuales ya que se trata de una empresa líder a nivel europeo y con presencia en los mercados mundiales.

La Plataforma expresa en el comunicado hecho público en rueda de prensa que «la riqueza generada no está siendo acompañada por el respeto a derechos laborales básicos como salud laboral, descansos, antigüedad, jornadas laboral y rotación de turnos».

En otro sentido denuncia que ha constatado «prácticas abusivas» como «uso fraudulento de cursos de formación», que se organizan y convocan a través de los Ayuntamientos de la comarca. Y, además, «los alumnos de los supuestos cursos no reciben ni contrato ni acreditación posterior de haber participado en ellos» y no guardan «ningún tipo de relación con la seguridad social».

También aseguran que Procavi mantiene un «alto nivel de absentismo por lesiones y accidentes» y quejas por los «extenuantes ritmos de la cadena de producción».

El comunicado denuncia un «alto nivel de subcontratación» a través de varias ETT que consideran «cesión ilegal de trabajadores» y estas se manifiesta en condiciones laborales «injustificadas» y en «precariedad laboral» que afectaría a «la inmensa mayoría de la plantilla», a pesar de que el volumen de la producción «justifica la creación de empleos fijos». Añaden que se han producido «despidos injustificados» a pesar de que la producción crece.

Esta explotación laboral -según la denuncia- también se daría entre discapacitados a través de una ETT especializada en este tipo de trabajadores que se traduce en «miedo a perder el empleo» y en la aceptación de unas condiciones laborales «insoportables».

Por último, señalan que las importantes ayudas a la empresa procedentes de la administración pública no se corresponde con el «cumplimiento de la legislación básica en materia de derechos laborales».