Ecologistas en Acción dicen que el alcalde de Arahal «busca el voto del parcelista ilegal»

Ecologistas en Acción asegura que el Ayuntamiento de Arahal «se está mostrando especialmente favorable a la legalización de las viviendas por encima de las exigencias legales». En este sentido recuerdan que tiene recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia Andalucía las resoluciones por las que se aprobó recientemente una modificación del planeamiento de Arahal que eliminó dos especiales protecciones del suelo no urbanizable, para facilitar la legalización de viviendas. «Es decir, si la vivienda es ilegal, no se demuele, se cambia la ley», apuntan.

Para esta organización, «no se trata de incautos ciudadanos extranjeros los compradores de viviendas en el campo, sino un negocio organizado para delinquir».

Asimismo, continúan realizando un análisis de la situación urbanística en España. Según recogen en la nota de prensa enviada a este web, la política urbanística del Estado Español y de la Junta de Andalucía tradicionalmente ha sido «extremadamente permisivas con las viviendas en el campo y de ahí el desastre que supone el enorme número de viviendas ilegales, que algunos calculan en el medio millón». Piendan que fue la constatación de «ese enorme desastre ambiental y el escándalo ciudadano por lo que se incluyeron los delitos por ordenación del territorio en el código penal en 1995».

En este sentido explican que ha sido en aplicación de una política territorial y de medio ambiente acordada a nivel internacional en el seno de la ONU y de la Unión Europea, por lo que cada vez las leyes se han ido modificando para adaptarse al principio de sostenibilidad. Es el caso de la Ley de Suelo de 2008, que adoptó el principio de desarrollo sostenible y considera que el suelo en situación rural, tiene un valor ambiental, y debe dedicarse al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Entre estos usos no está el residencial.

Por tanto, aclaran, «no se trata de retroceder 30 años al urbanismo de las cavernas, sino precisamente de todo lo contrario, avanzar en el principio de sostenibilidad y en el fortalecimiento del estado de derecho».