Funcionario de Diputación detenido en operación anti corrupción

El responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, ha sido detenido esta mañana en el marco de una tercera fase de la Operación Madeja, que ha pasado a denominarse Enredadera, por la que se ha desarticulado, por parte de la Guardia Civil, a un grupo criminal dedicado a la obtención fraudulenta de contratos públicos.

Mañana el presdidente de Diputación estará en Arahal, para inaugurar junto a la Consejera de Agricultira, las Jornadas Internacionales de Aceituna de Mesa, donde sin duda los periodistas le preguntarán por estos hechos.

La operación “Enredadera”, dirigida por la Juez Mercedes Alaya, se viene realizando desde esta mañana de forma  simultáneamente en 13 provincias, entre ellas Sevilla y Córdoba. Prevé la detención de más de 30 personas, en torno al mismo número de imputaciones y la práctica de varias entradas y registros.

La Diputación de Sevilla emitió una nota de prensa donde confirma que el registro en las dependencias del servicio de Carreteras de la Diputación, concretamente en el despacho y puesto de trabajo del funcionario Carlos Manuel Podio Lora, en relación con la Operación Madeja en distintas informaciones aparecidas en meses anteriores en los medios de comunicación sevillanos.

Además explica que el registro viene motivado por un auto de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, y dice que «pone todos sus medios a disposición de la Justicia para el total esclarecimiento de los hechos». Señala que la Diputación abrió una comisión interna de investigación para analizar los expedientes relacionados con el servicio de Carreteras, adscrito al Área de Cohesión Territorial de la Diputación y  concluyó que todas las tramitaciones de los expedientes de adjudicación de contratos en el servicio de Carreteras son conformes a la normativa estatal.

El administrador de la empresa Fitonovo, Juan Antonio González Baro, actualmente en concurso de acreedores tras la detención de sus propietarios por parte de la juez Alaya en la primera fase de la llamada operación Madeja, confesó ante la magistrada que desde 2003 a 2012 llegó a repartir hasta 700.000 euros entre políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas y de todos los partidos.

«Se trata de delitos contra la administración pública, hay registros en empresas y en domicilios de las citadas provincias y se está continuando una investigación sobre las relaciones societarias que en su día optaron al concurso público de compra de terrenos en Mercasevilla», ha explicado Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucia. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.