Suspenden el juicio por la tortura y muerte de galgos en Arahal porque se olvidaron de citar a los testigos

Desde el Partido Animalista PACMA explican que el esperado juicio contra el cazador acusado de apalear y encerrar en sacos de pienso a tres galgos en junio de 2020, arrojándolos posteriormente al río Guadaíra (Sevilla) y provocando la muerte de dos de ellos, ha sido aplazado un año y medio más.

La vista, prevista para celebrarse hoy martes 18 de noviembre en el Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla, ha sido suspendida debido a un error procesal: las citaciones solo fueron notificadas al acusado y a la acusación popular, mientras que ni el SEPRONA, ni la Policía, ni los testigos recibieron notificación alguna.

«Indiferencia hacia los casos de maltrato animal»

Los hechos, ocurridos el 30 de junio de 2020, provocaron una gran conmoción social por su extrema crueldad. Dos sacos de pienso abandonados en el cauce del río y un tercero totalmente hundido llamaron la atención de un joven que pasaba por la zona. Dos contenían los cadáveres de los galgos, herméticamente cerrados; del tercero asomaba el hocico de un animal agonizante.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió identificar al presunto autor, un cazador titular de los microchips de los tres perros, y que según la acusación habría golpeado violentamente a los animales, atado sus patas y los habría lanzado río aún vivos.

El proceso judicial, en el que PACMA participa como acusación popular junto a varias organizaciones protectoras como Amparo del Sur, que se hizo cargo del perro superviviente, SOS Galgos y Galgos del Sur, debía abordar uno de los casos de maltrato más graves registrados en Andalucía. Sin embargo, la vista no podrá celebrarse hasta junio de 2027, lo que supone un retraso total de siete años desde los hechos.

Desde PACMA consideran que esta demora “refleja un grave problema estructural en la administración de justicia que revictimiza a los animales, ralentiza procesos esenciales relacionados con ellos, mina la confianza en el sistema y transmite sensación de impunidad hacia los delincuentes».

La formación política ha solicitado para el acusado 4 años de prisión y 12 de inhabilitación, frente a los 15 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación que pide la Fiscalía. PACMA denuncia además que, debido a la laxitud del Código Penal en materia de maltrato animal, incluso una condena firme podría no traducirse en pena de prisión efectiva.